El Gobierno de los Estados Unidos pidió a los dueños de las cadenas hoteleras que tienen inversiones en Cuba y que se han visto afectados por la reciente disposición que no permite a los ciudadanos estadounidenses hospedarse en ninguna instalación hotelera del país que «no pongan el interés comercial por encima de sus principios y valores morales».
«Hemos dicho muchas veces a nuestros socios internacionales que es muy importante que no pongamos el interés comercial por encima de los principios y valores morales, y hemos visto que esos hoteles se usan para enriquecer a los militares cubanos», comentó la responsable del Departamento de Estado de EEUU, Carrie Filipetti, quien reconoció que la administración Trump no avisó a ningún gobierno sobre la decisión que tomarían, incluyendo a España, nación que posee el mayor numero de inversiones en hoteles de la Isla.
Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, dijo a la prensa que con estas medidas «buscan privar al régimen cubano de los recursos que usan para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela».
Los dueños de las cadenas hoteleras Meliá, la de mayor presencia en Cuba con un total de 39 hoteles, e Iberostar, que le sigue con 17 establecimiento, ya han reaccionado a la medida, denunciando que ellos son los mayores afectados con una «línea de acción que persigue estrangular la economía cubana con el argumento de devolver a manos del pueblo recursos que el Gobierno explota suspuestamente de modo ilícito».
Precisamente el CEO de Meliá y vicepresidente ejecutivo, Gabriel Escarrer, ha sido desde el primer momento uno de los damnificados directos de este conflicto, también de manera personal. El Gobierno de EEUU le prohibió la entrada al país el pasado mes de febrero. La excusa fue la negativa del hotelero a renegociar la explotación de dos hoteles ubicados en una parcela del país caribeño que fue expropiada a sus antiguos propietarios durante la Revolución Cubana.
El veto a Escarrer es consecuencia directa del litigio que la cadena hotelera mantiene con descendientes de expropiados cubanos que reclaman parte de las ganancias de sus establecimientos en el país caribeño. El objetivo de los demandantes, en todo caso, es reclamar indemnizaciones por toda la planta hotelera de Meliá en Cuba y extenderla al resto de cadenas allí asentadas, incluidas Iberostar, Barceló o Blau Hotels. Las indemnizaciones que reclaman los abogados de las familias demandantes superan los 100 millones de euros.
