El juez y el fiscal que llevaron el caso del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos, quien fue sentenciado a 110 años de prisión esta semana por causar un accidente de tránsito masivo hace 2 años en la I-70 del estado de Colorado, han manifestado desacuerdo y rechazo a la condena fijada.
La sentencia del joven de 26 años ha sido considerada como desproporcionada y ha mostrado la verdadera necesidad de reajustar las leyes norteamericanas sobre condena mínima obligatoria en ese estado, para comenzar a tomar en cuenta aspectos como la intencionalidad.
Muchas asesinos en dicha región estadounidense han sido penados con menos de la mitad del tiempo que recibió Aguilera Mederos como penitencia.
El juez de distrito Bruce Jones decretó tal condena tras sumar los mínimos de tiempo de los diferentes cargos imputados, resultando en 110 años de prisión.
La autoridad comentó en la audiencia de este lunes que no podía intervenir en el establecimiento de esta pena, pero mostró disposición por hacerlo si hubiera sido posible, pues consideró que el cubano no merecía pasar el resto de su vida encarcelado.
Alexis King, fiscal del primer distrito judicial y encargada del caso, comentó el martes que se debería optar por una reconsideración de la pena de prisión.
Las legislaciones en Colorado estipulan que el asalto en primer grado y el intento de asalto en primer grado constituyen «delitos de violencia», por lo que sus penas de prisión se deben ejecutar de forma consecutiva y no simultánea.
La funcionaria explicó que Aguilera nunca aceptó oferta alguna para llegar a un acuerdo, apuntando: «Mi administración contempló un resultado significativamente diferente en este caso, pero el señor Aguilera Mederos no estaba interesado en continuar con esas negociaciones».
«Esta es una sentencia tremendamente excesiva», confirmó Mark Silverstein, director legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Colorado.
De acuerdo con el funcionario, el caso del joven cubano demuestra que las leyes de sentencia deben ser reformadas y analizado el poder de los fiscales, que rara vez son controlados en su accionar.
«Tienen el poder de decidir quién va a la cárcel y durante cuánto tiempo. Los fiscales deciden los cargos a presentar y deciden qué acuerdos de culpabilidad ofrecer», criticó.
Mientras, la familia del joven ha expresado interés en apelar el veredicto del jurado y hasta impugnar la sentencia.
La plataforma Change.org alberga una iniciativa actualmente que solicita la conmutación de su condena, con más de un millón de firmantes.


