Eugenio es uno de los miles de santiagueros que vive en un pequeño asentamiento malogrado en la periferia de la capital oriental de la isla, sin servicio eléctrico, ni de agua ni alcantarillado; solo trozos de madera, cartón, zinc y tierra colorada. Las modestas viviendas de detrás de los edificios del Micro 9 en el distrito de José Martí son así.
Él es un custodio de 29 años que se instaló en un terreno enyerbado que encontró junto a su esposa Victoria unos 3 años atrás.
Eugenio contó que ambos necesitaban encontrar un sitio donde afincarse juntos pues vivían por separado con sus numerosas familias en cuarterías del centro de la ciudad, hacinados.
Su nueva residencia es popularmente conocida como «llega y pon», y estos son fenómenos comunes en ciudades muy pobladas, sobre todo en La Habana. Lo calificó como la situación donde «simplemente buscas un espacio y, si lo encuentras, pones cuatro pedazos de palos, le amarras un alambre a manera de cerca y a armar lo tuyo».
No obstante, aseguró que ya «todo está lleno».
Contó: «Por mi propia casa, aun con piso de tierra, construida con retazos de zinc, cartón y cercada de ataja negro, me han ofrecido hasta 50.000 pesos». Alegó que solo ha rechazado las ofertas porque se vería obligado a pagar muchísimo más dinero para aspirar a costearse un apartamento, en medio de una de las crisis económicas más graves que ha sufrido la isla en décadas.
El joven es formado como obrero calificado en tornería, y ser custodio de la red de parques santiagueros le reporta un salario de 2.200 Pesos Cubanos (CUP), solo 100 CUP por encima del salario mínimo estipulado.
Como remuneración extra, vende jabas hechas a mano por su esposa a base de sacos de arroz. El matrimonio no cuenta con refrigerador, y aunque lo desea, no puede permitirse tener un hijo en su situación actual.
La crisis habitacional que se vive en los últimos años en Cuba solo va a peor. De acuerdo con cifras oficiales, el fondo habitacional cubano es de 159.696 casas y solo en Santiago de Cuba hay 48.579 en mal estado constructivo.
El territorio, además, ha incumplido este año su plan de construcción de viviendas, lo que viola lo estipulado en el artículo 71 de la Constitución, que acepta «el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable».
Eugenio y Victoria se ven en la obligación de traer alimentos desde sus respectivas direcciones oficiales, dado que el no tener registro de propiedad de la casa hace imposible que tengan acceso a una libreta de abastecimiento propia.
«Esto es un caserío con varios cientos de casas y aun así no hay tiendas, consultorios, panaderías ni nada. La escuela más cercana está como a un kilómetro de aquí», lamentó Eugenio, admitiendo que servicios como manicura y barbería solo pueden ser encontrados en este lugar gracias a personas que los ejercen desde sus casas.
«El cableado eléctrico aquí es tendedera y son instalaciones ilegales sobre palos rústicos, que se conectan a la red eléctrica y la gente va tirando cables de manera improvisada», confesó el joven a la pregunta de cómo obtienen electricidad, lo que dijo que «ha creado una zona de bajo voltaje», provocando cortes generales de luz al encender electrodomésticos en horarios pico.
De solo 23 años, Victoria dijo estar más afectada por la falta de agua; al ser ama de casa, «cocinar y lavar es un problema», cargando cubos de agua para toda tarea. Y el abasto no es únicamente el problema, pues el desagüe también les quita el sueño.
En temporada de lluvias, la situación se agrava, dado que todo el camino se llena de fango y/o se inunda, lo que hace que todo el que salga de su vivienda se enfangue hasta el cuello.
«Queremos un cambio y lo vamos a decir el próximo 15 de noviembre», aseveró Eugenio, reprochando la indiferencia de las autoridades hacia todas las personas que viven en barrios abandonados por el Estado.
