El periódico estatal Girón informó sobre la reciente sentencia de 6 años de privación de libertad para una matancera no identificada por haber delinquido con actos de desvío y reventa ilegal de medicamentos, y sobre la aplicación de multas de 2.000 Pesos Cubanos (CUP) a 2 médicos y la condena a 1 año de limitación de libertad (por coautoría de falsificación de documentos privados) para otra cubana, por verse involucrados en el caso.
El propio presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, culpó expresamente a los revendedores a principios del mes de agosto por la crítica escasez de medicamentos que sufre la isla en la actualidad, llamando a las autoridades locales a aplicar severas medidas contra ellos.
El medio oficialista narró que la ciudadana condenada a 6 años de cárcel, residente en el municipio de Jagüey Grande, acumuló grandes cantidades del analgésico Tramadol (obtenido de las unidades Jovellanos y Limonar del territorio) y las vendió a precios exorbitantes en el mercado informal de La Habana.
La fuente mencionó, sin detallar en el cómo, que la cubana se hizo con «algunos modelos en blanco de recetas médicas que contenían impresos los cuños gomígrafos de diferentes galenos del sureño territorio. En cada uno de ellos plasmó nombres y números de identidad de personas inexistentes, además de la prescripción del fármaco por cantidades oscilantes entre 60 y 120 tabletas».
Continuó precisando que varios individuos, «con conocimiento o no de su intención», la fueron ayudando a lograr su propósito. En este sentido, 2 médicos fueron señalados por recibir en su hogar a supuestos pacientes aquejados de dolor severo y les recetaron Tramadol, «sin siquiera verificar los datos que los fingidos enfermos les ofrecieron». El medio resaltó que todas estas acciones constituyeron infracciones a la Resolución 1 de 2018 del Director Nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas, por lo que fueron procesados penalmente por el delito de tráfico de drogas en la modalidad del artículo 193.
La ejecutora principal, al no haber revelado «los lugares ni las personas a las que vendió el producto» y al no interesarse «por alguno de los otros tantos medicamentos que actualmente tienen gran demanda en el país», fue condenada a 6 años de prisión por el Tribunal Municipal Popular de Jagüey Grande, bajo cargos de «falsificación de documentos privados de carácter continuado, como medio para cometer tráfico ilícito de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares».
La última implicada fue sancionada con 1 año de cárcel, «subsidiado por igual período de limitación de libertad», por colaborar «en la entrega y llenado de recetas sin conocer cuál era el objetivo real».
El Tramadol, de acuerdo con Girón, produce efectos similares a las drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicos, por lo cual constituye un medicamento controlado por el Estado, capaz de ocasionar problemas graves de respiración o poner en riesgo la vida, especialmente durante las primeras 24 a 72 horas de su tratamiento y en cualquier momento en que se incremente su dosis.
Mientras, la población se quejó porque este tipo de medidas no prevendrá nuevas redes de tráfico ilegal de medicamentos y porque las autoridades pertinentes no notaron el delito de forma previa.
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