El Gobierno de Miguel Díaz-Canel, de acuerdo con el recientemente publicado Decreto Ley 35, considera más peligrosas las convocatorias a protestas civiles pacíficas desde las redes sociales que la realización de estafas y engaños con fines pederastas en Internet.
Esta conclusión es fácilmente deducible según las categorizaciones que en el texto se exponen sobre los referidos delitos, pues el ciber-engaño pederasta se halla tipificado en el nivel de peligrosidad Alto, y el «Ciberterrorismo», la «Ciberguerra» y la «Subversión social» están en el nivel de peligrosidad Muy Alto.
El engaño pederasta se encuentra descrito en el documento como «cualquier comportamiento a través de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) relacionado con la captación o utilización de menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, con el objetivo de ganarse su amistad para realizar actos que atenten contra su indemnidad o libertad sexual».
El «Ciberterrorismo», por su parte, se entiende por «acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas».
La «Ciberguerra» está compuesta por aquellos «métodos de Guerra no Convencional y acciones ofensivas de carácter militar empleados para derrocar el gobierno mediante el uso de las TIC con desarrollo de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas para justificar acciones políticas, económicas, subversivas o de injerencia».
No obstante, la «Subversión social» es aquella que pretende «alterar el orden público, promover la indisciplina social».
A partir de ahora, serán mucho peor castigados estos ciber-delitos que los de abuso sexual contra menores de edad.
Dentro del nivel de peligrosidad Medio se halla el «Ciberacoso» (comúnmente practicado por agentes del oficialismo contra figuras de la oposición), pero el «Fraude» (entendido como aquella «acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado»), los «Desastres naturales», el «Fallo del equipamiento y de aplicaciones o servicios», las «Interferencias», el «Secuestro de la información» y los «Ataques técnicos o intrusión» también serán penalizados como crímenes de Muy Alta peligrosidad.
La nueva herramienta legal oficialista para limitar aún más la libertad de expresión para los ciudadanos cubanos ha recibido total rechazo popular, como una medida que viola los derechos humanos universales, tiene carácter anticonstitucional y demuestra (una vez más) a lo que es capaz de llegar el Gobierno totalitario cubano.
