El Consejo de Ministros decidió autorizar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas en Cuba, con restricción para los actividades laborales vetadas para este sector (además de algunas otras adicionales).
Manuel Marrero Cruz, primer ministro, informó que no se podrán crear mipymes privadas que presten servicios de arquitectura, prensa, abogacía, fabricación de vehículos, programación de equipos de cómputo, traducción e interpretación, veterinaria, diseño, ciertos tipos de consultorías y prestaciones de tenedor de libros.
El Gobierno decidió emprender este plan de «perfeccionamiento de los actores de la economía cubana», y aunque el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, aseguró el pasado 20 de mayo que el sector empresarial estatal cubano siempre será la prioridad, se darán oportunidades y ventajas a las cooperativas no agropecuarias y al trabajo por cuenta propia.
Marrero recalcó que las modificaciones se impondrán de manera gradual, para evitar retrocesos y lograr sostenibilidad, y no conducirán a un «proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar».
Marrero señaló que los hechos han evidenciado que las cooperativas no agropecuarias, legales desde 2012, han demostrado funcionar bien incluso con algunas deficiencias, por lo habrá una extensión del experimento de forma de gestión iniciado ese año hacia todos los sectores, a excepción de la construcción.
La legislación que dictaminará el comportamiento de cada actor económico será emitida próximamente, la cual «ofrecerá información actualizada a nuestro pueblo», según Marrero.
El mandatario Miguel Díaz-Canel agregó que resulta imprescindible aprovechar mejor la fuerza laboral, quitándole la carga de algunas actividades al Estado. Señaló que se necesita que el «sector estatal sea más proactivo», eficiente, innovador. Apoyó la idea propuesta por Marrero de incorporar paulatinamente los cambios, pero sostuvo que la demora no es una opción.
El gobernante recalcó que, sea estatal o no, es dañino todo lo que resulte ineficiente, corrupto e ilegal; que represente una dinámica de traba; que no sea innovador y proactivo, insistiendo en que los cambios deben llegar al municipio para trabajar a partir de ahí.
La medida de permitir la creación de pequeñas y medianas empresas ha sido intensamente demandada por la población cubana y las autoridades han especulado sobre su legalización recientemente. Los expertos lo han propuesto en múltiples ocasiones, pero solo que sabrá cuando se emita la tan esperada normativa, en aras de poder medir su posible incidencia en las finanzas estatales.
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