El Gobierno cubano mantiene millones de dólares en mercancías echándose a perder paulatinamente en almacenes. Un producto se considera como de la categoría de Inventario de Lento Movimiento u Ocioso (ILMO) cuando lleva 6 meses sin manifestar actividad, según el Sistema de Inventario vigente en la isla; y luego de un año, se considera ocioso.
Habían 24.700 millones de CUP en esa categoría en 2016 en Cuba, cuando los ingresos anuales del Estado en ese año se aproximaron a los 50.000 millones (un 50% del ingreso nacional en desuso).
De las 200 unidades presupuestadas de Pinar del Río, solo 27 certificaron en 2018 no tener ILMO. Se perdieron por obsolescencia 170.600 USD en dientes para prótesis en esa provincia (importados desde Colombia y Chile).
Esos inventarios incluyen tanto mercancías acabadas, ya producidas (listas para la venta o el uso), como bienes para la producción que nunca fueron instalados o utilizados.
Cuba mantiene miles y hasta millones de equipos, maquinarias y herramientas totalmente abandonados en almacenes.
Estos datos no hacen más que evidenciar la profunda desorganización e ineficiencia que la economía cubana lleva arrastrando como una enfermedad crónica desde hace décadas, rigiéndose por estrategias nacidas desde la política y no desde estadísticas y conocimientos económicos confiables.
Este sistema económico no se guía por reglas básicas de oferta y demanda, beneficios, competencias y organización, sino por políticas absurdas de monopolización y subsidios.
Este constituye el único medio para asignar adecuadamente los recursos económicos, y siempre está en dependencia de la liberta de empresa.
La realidad es que realmente los precios no se corresponden con lo que realmente tiene demanda en la población, pues este factor se desconoce.
El titular de Economía explicó, cuando comenzaron a abrirse las primeras tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), que los costes se fijarían según las variaciones de los precios del área económica, reconociendo implícitamente que hay que fiarse de otros precios para establecer los de la economía interna de la isla.
El Gobierno, sin embargo, sí está consciente de que las preferencias de la población importan, repitiéndose el mismo axioma en todas los ámbitos gubernamentales que involucren al sector financiero: que es imprescindible que se logre «el encadenamiento productivo» de las empresas nacionales.
Y es que admiten la existencia de un agudo problema de descoordinación interna en la economía, provocando así todo tipo de síntomas de ineficiencia e improductividad, como importaciones innecesarias, interrupciones en la producción, falta de valor agregado en los productos finales, pérdidas por caducidad, retraso tecnológico, etc. Es en la rigidez de los precios donde radica el obstáculo, por mucho que quieran solucionarlo con consignas políticas y un mayor control sobre los funcionarios. La permanencia en la cima de la pequeña élite cae a cuestas, como bien se sabe, del bienestar de los ciudadanos.
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