El Gobierno cubano acaba de autorizar la venta libre de los excedentes de carne, leche y productos lácteos por parte de los ganaderos cubanos, con la única condición de que cumplan primeramente con los compromisos de entregas al Estado.
Esta constituye una medida verdaderamente transgresora, puesto que la comercialización de cualquier producto asociado al ganado bovino ha sido estrictamente prohibida desde hace más de 6 décadas, y también necesaria, debido a la seria escasez del alimentos producida por la crisis económica cubana actual (la peor en 30 años).
La dirección cubana aprobó este grupo de 63 medidas destinadas a «potenciar la producción de alimentos», principal prioridad oficial en estos momentos en la isla.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, recordó que los productores privados deberán asegurar que «no haya decrecimiento de la masa ganadera» para poder comercializar con sus víveres.
Los productores continuarán vendiendo el litro de leche de vaca a 7.5 CUP (30 centavos de dólar) al Estado, y a 9 CUP (37) una vez cumplido o sobrecumplido el plan de entrega mensual a la industria.
Entre las medidas, también se autorizó la reducción de las tarifas de agua y electricidad para la realización de actividades agropecuarias, lo que da respuesta a la reclamación que han hecho los productores desde comenzado el proceso de unificación monetaria y su consiguiente subida de precios.
La empresa estatal de Acopio ha sido la única que por décadas ha tenido permiso para realizar compras de productos agrícolas y ganaderos a los trabajadores independientes, y a precios fijados por el Estado (bastante bajos). No obstante, la entidad se ha dado a notar en los últimos años por el incremento de las insatisfacciones por sus retrasos en los pagos o sus incumplimientos de la recogida de productos.
El difícil acceso y los exagerados precios de los alimentos a raíz de la escasez han provocado oleadas de descontento popular que no se han visto en años, situación que han encontrado mayores agravantes en el último año debido a la pandemia del COVID-19 y el recrudecimiento de las sanciones impuestas por la administración Trump en Estados Unidos.
Más del 80% de los víveres que consume la isla son de importación, lo que equivale a una aproximado de 2.000 millones de dólares en gastos anuales, de acuerdo con datos oficiales.
El Código Penal sanciona, en el caso de la carne de res, el sacrificio y venta ilegal de ganado mayor, y aquellos que la compren también reciben penas que van desde los 4 hasta los 10 años de prisión.
El sector no estatal posee más de la mitad de la producción agropecuaria local, que tiene en cultivo el 66% de la tierra, según reflejó el economista cubano Omar Everleny en su artículo «Apuntes para un propósito de la agricultura cubana», el que fue publicado en el medio Oncuba.
Considerado como parte de los asuntos de «seguridad nacional», el reordenamiento del sector agrícola en aras de incentivar la producción de alimentos, forma parte de las reformas económicas impulsadas en 2011 por el exmandatario Raúl Castro.
El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, que comenzará sus sesiones a partir de este viernes, alberga las esperanzas de economistas y expertos en política cubana que esperar que se acuerde acelerar estas medidas en función de enfrentar la difícil situación económica de la isla.
