“Meliá e Iberostar deben cumplir en Cuba con las políticas de responsabilidad social corporativa y con los códigos éticos obligatorios para las empresas europeas. Están asimismo obligadas a respetar los derechos de los trabajadores, a que sus salarios sean dignos”, explicaba el abogado Julio Rodríguez Pellitero, pues las organizaciones Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo-Cubano condenaron las actividades de estas empresas españolas en la isla por “violar los derechos de los empleados” y “financiar a la dictadura”.
Estas denuncias fueron enviadas a las compañías, a su vez una copia se envió a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), pues los grupos de exiliados han cuestionado el por qué las empresas hoteleras hayan aceptado “asociar su marca y su prestigio, al descrédito del gobierno cubano, criminal y mafioso”.
Los empleados cubanos “no tienen libertad sindical” y “se les ha negado el derecho a la negociación colectiva y a la huelga”; además de sufrir “discriminación por motivos ideológicos, políticos o de conciencia” a la hora de acceder a los puestos de trabajo.
“A estas empresas se les puede sancionar y deben serlo, ya que esta actividad incumple la normativa internacional. En la carta se les pide que adopten medidas de rectificación de las actuaciones y negocios hoteleros en Cuba, o de lo contrario, abandonen el país” añadió el abogado.
Según Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo-Cubano, en el caso de Cuba, se debería implementar el modelo de los “Principios Globales Sullivan”, que fue aplicado magnates y empresas y grandes empresas para desarticular el régimen del apartheid en Sudáfrica.
A su vez los cubanos exiliados exigen a Meliá e Iberostar cancelar cualquier actividad “en conjunto” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, exijan la puesta en libertad de los cubanos detenidos a causa del 11j, que terminen relaciones con entidades o dirigentes “implicados en la represión de las protestas pacíficas” y no realizar “transacciones financieras que puedan ser utilizadas para la violación de los derechos humanos”, entre otras peticiones.
Estas empresas hoteleras aumentaron sus actividades en Cuba el pasado noviembre, tras la reapertura de las fronteras, y actualmente se enfrentan a problemas judiciales en Estados Unidos, bajo el capítulo III de la Ley Helms-Burton.
