El pasado viernes 4 de febrero, a través de la Resolución 16/2022 del Ministerio de Finanzas y Precios, incluida en la Gaceta Oficial de la República, el Gobierno cubano aprobó un impuesto del 10% a las personas naturales o jurídicas que comercialicen productos agropecuarios de forma minorista.
Se le aplicará un impuesto sobre las ventas minoristas a quienes comercialicen productos agropecuarios en mercados, puntos de venta pertenecientes a cooperativas de créditos y servicios, cooperativas de producción agropecuaria u otras formas de producción, incluyendo los productores individuales, en ferias y otros eventos autorizados, además de unidades de comercio minorista autorizadas a adquirir y comercializar productos agropecuarios.
El impuesto aparece en un momento en que la escasez de alimentos y productos de primera necesidad, además de una inflación galopante que ha debilitado el valor de la moneda nacional golpean fuertemente al país.
Esto se pondrá en vigor el lunes, aplicándolo «sobre las ventas minoristas con un tipo impositivo del 10%, a las personas naturales y jurídicas que comercialicen productos agropecuarios de forma minorista», señaló el texto publicado en la Gaceta oficial.
Según el economista cubano Pedro Monreal, esta medida provocará un incremento de los precios.
«Dos probables efectos: mayores precios de la alimentación y aumento de la desigualdad», indicó Monreal en su cuenta de Twitter, «el impacto (de la medida) se concentra en hogares con menores ingresos que gastan en comida un % relativamente más alto de sus recursos».
La reforma monetaria que se aplicó a inicios del 2021 por el Gobierno comunista disparó los precios de los bienes y servicios, fundamentalmente de alimentos. La población debe hacer largas colas en medio de la escasez de comida y medicamentos.
El país importa el 80% de los alimentos, y redujo sus compras por la falta de disponibilidad de divisas, y por las dificultades logísticas del comercio internacional asociadas a la pandemia de Covid 19.
