Yoennis Pelegrín Hernández, subteniente de la Policía cubana que disparó de muerte contra el joven Diubis Laurencio Tejeda en el barrio capitalino de La Güinera, aún no tiene una fecha prevista para un juicio justo ni una petición fiscal por parte de la Fiscalía Militar. Además, el oficial hirió a otros cinco manifestantes en la protesta del 12 de julio del año pasado.
Un abogado cercano al caso declaró al medio independiente DIARIO DE CUBA que el oficial sigue sin ser procesado, imputado como autor de la única víctima mortal reconocida oficialmente en las manifestaciones del 11J.
Desde inicios de septiembre de 2021, la Fiscalía Militar abrió a Pelegrín Hernández el expediente 87/21 bajo cargos de homicidio y lesiones graves y hallándolo responsable del fallecimiento de Laurencio Tejeda y de las heridas de bala en una pierna que presentó el menor Yoel Misael Fuentes García.
El medio pudo ratificar que, aunque se desconoce si el militar se encuentra en prisión o en libertad actualmente, sí estaba libre hasta principios de diciembre pasado
El hecho de que se haya dilatado tanto el proceso de enjuiciamiento al oficial cubano es indignante en comparación con las decenas de juicios sumarios que se han realizado en estos meses, cuyos acusados han sido los participantes de las protestas del 11J y jornadas posteriores en provincias como La Habana, Villa Clara y Holguín.
La Fiscalía pidió y pide sentencias de hasta más de 20 años para algunos de estos manifestantes, muchos de los mismos menores de edad.
La iniciativa Justicia 11J publicó recientemente, mediante su perfil de Facebook, que fueron 1.355 las personas detenidas respecto al asunto de las protestas del 11J, estando al menos 719 todavía recluidas en penales, y de las cuales 70 son mujeres.
De igual forma, una gran parte de los 593 aprehendidos que han sido excarcelados se encuentran a la espera de juicio bajo medidas cautelares de prisión domiciliaria o libertad bajo fianza. Además, 158 personas están sufriendo procesos por delitos de sedición, 40 de ellas por sabotaje.
Los juicios a los manifestantes del 11J han sido denunciados por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, como es el caso de Amnistía Internacional. Esta consideró que «son un castigo y un nefasto mensaje que envía el Gobierno a la población que ejerció su derecho a protestar», según resaltó en un comunicado publicado en la red social Twitter.
