Entre la larga lista de apartamentos de lujo y locales de todo tipo que confiscó Fidel Castro en 1960 como parte de la nacionalización de todas la propiedad privada localizada en Cuba, se encontraron 2 edificios que ahora generan muy buenos beneficios como renta en Airbnb.
El exitoso neurocirujano Javier García-Bengochea, quien huyó de Cuba cuando era un bebé junto a su familia por presiones del movimiento castrista ya en el poder, actualmente reside en Jacksonville (Florida) y vive con el recelo de que todas las lucrativas posesiones de su muy adinerada familia que quedaron en la isla, ahora son fuente de gran riqueza para otros propietarios en la isla.
Por tanto, el prestigioso médico se halla exigiendo que tanto la empresa estadounidense Airbnb como el Departamento de Estado de Estados Unidos, le deben todo el dinero que se ha generado a costa de los bienes expropiados a su familia.
Efectivamente, 2 edificios de apartamentos de lujo en los habaneros barrios de Miramar y Alturas de Miramar, se emplean actualmente para rentar a turistas extranjeros a través de la citada plataforma y para alojar a diplomáticos estadounidenses en La Habana.
García-Bengochea aseveró: «Al menos el Departamento de Estado pretende servir a nuestro cuerpo diplomático. Airbnb está promocionando cínicamente nuestra propiedad robada únicamente con fines de lucro y en violación de la ley de Estados Unidos».
El edificio dedicado a la renta en Airbnb fue construido por la familia del neurocirujano en 1939, en la Avenida 33 del municipio Marianao. El muy exitoso hospedaje constituyó para la familia García-Bengochea una pérdida en 66.666 dólares de los años 60 (que en la actualidad serían muchísimo más), de acuerdo con el estudio realizado por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia.
García-Bengochea no es la primera persona de su familia que intenta recuperar lo que le fue robado por el Gobierno comunista, pues su primo, Alberto Parreño (de quien heredó este edificio) había comenzado la misma demanda anteriormente. La carta de reclamo del sanitario fue enviada a Airbnb en agosto de 2019, citando a la Ley Helms-Burton de 1996, la que explicita en una de sus secciones que las empresas no pueden participar «en una actividad comercial utilizando o beneficiándose de la propiedad confiscada … o de las ganancias del tráfico por parte de otra persona».
La empresa nunca respondió y continuó ofertando los lujosos apartamentos del inmueble en poco más de 100 dólares la noche.
No obstante, Airbnb aseguró en un comunicado que la compañía «se toma muy en serio acusaciones como estas y lleva a cabo una investigación exhaustiva cuando se nos informa de cualquier reclamo. Si determinamos que una lista infringe nuestras políticas, tomaremos medidas, que pueden incluir eliminar la lista y el anfitrión de nuestra plataforma».
El cubanoamericano también notificó al Departamento de Estado en 2009 de que era ilegal que la agencia federal alquilara un penthouse de 7.000 pies cuadrados en un edificio también bajo su propiedad. Como el primo del que heredó esta edificación (Desiderio), no era ciudadano estadounidense al momento de la confiscación, su reclamo no fue certificado.
Sin embargo, y tras el envío de múltiples pruebas irrefutables de la naturaleza de la propiedad, García-Bengochea logró concertar intercambios con funcionarios del Departamento de Estado. Nuevamente, la solicitud de compensación no procedió.
El médico aseguró que el Departamento de Estado ha pagado el alquiler del edificio al régimen cubano desde 1978 y hasta 2019, para usarlo como residencia de diplomáticos estadounidenses en La Habana.
El cubanoamericano encargó una tasación inmobiliaria independiente en 2016, donde el alquiler adeudado terminó siendo de 2.6 millones.
García-Bengochea afirmó: «La posición del gobierno de Estados Unidos es que las confiscaciones de propiedad privada en Cuba eran ilegales según el derecho internacional. Sin embargo, sabiendo que todo en Cuba está confiscado, el Estado se benefició de [explotar] nuestra propiedad durante 40 años mientras se rehusaba a compensar a los dueños legítimos».
Continuó: «¿Con qué autoridad moral puede nuestro gobierno exigir que Raúl Castro reconozca las reclamaciones de los estadounidenses si ellos mismos no están dispuestos a hacerlo? Esta es una posición insostenible, el colmo de la hipocresía y está mal. Es una vergüenza».
Ninguna de las 5.913 reclamaciones de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano (sin compensación) que han sido certificadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han sido resueltas. Son muchas más las que ni siquiera han cumplido con los requisitos para considerarse procesables.
Pese a que la Ley Helms-Burton proporciona una vía legal para buscar la debida compensación, esta es extremadamente trabajosa, costosa y prolongada. Esta permite que los dueños de esas propiedades, incluidos los ciudadanos cubanos naturalizados, puedan demandar a las empresas de cualquier país (incluido Estados Unidos) que se beneficie («trafique») de ellas. Sin embargo, el Título III (derogado poco después de la entrada en vigor de la legislación) es el único que permite que las demandas procedan en los tribunales.
Donald Trump fue el primer presidente en levantar la suspensión del Título III en más de 20 años. Fue entonces cuando se pudo comenzar a procesar 42 demandas presentadas hasta el momento. No obstante, existen problemas para aquellos que heredaron las reclamaciones después de implantada la ley en 1996 (algo que incluye a la mayoría de los casos de reclamación porque muchos de los propietarios originales fallecieron desde entonces).
García-Bengochea también heredó de sus primos La Marítima Parreño, puerto de embarque comercial y almacenes en Santiago de Cuba, donde atracaban los cruceros de las compañías Carnival, Norwegian y Royal Caribbean. El cubanoamericano demandó a cada una de las agencias y solo una parte de la reclamación se llegó a certificar.
Jason Poblete, abogado en Washington, opinó sobre estos casos: «Los juicios extraterritoriales son una gran inversión. Los estadounidenses no deberían verse obligados a litigar un asunto que debería resolverse diplomáticamente. Helms-Burton es una herramienta, una herramienta útil pero defectuosa», haciendo referencia a las muchas interpretaciones que se le ha dado a la ley a conveniencia de los demandados.
Marco Rubio, senador republicano de Florida, comentó también: «Cualquier empresa estadounidense que se enriquezca ilegalmente a través de propiedades confiscadas por el régimen de Castro está violando la ley estadounidense y debe rendir cuentas. No es la primera vez que Airbnb anima a viajar a lugares conocidos por abusos contra los derechos humanos e incluso genocidio. A pesar de que la Administración Biden no ha mostrado ningún interés en estar realmente con la comunidad cubanoamericana, debería hacer cumplir la ley de los Estados Unidos y castigar a las empresas involucradas en prácticas similares».
La portavoz del Departamento de Estado relativa a la administración de Joe Biden declaró recientemente: «Entendemos que las reclamaciones de propiedad contra Cuba, así como los Títulos III y IV de la La Ley LIBERTAD han sido controversiales durante mucho tiempo, tanto con nuestros socios internacionales como con algunos estadounidenses que buscan una compensación por la confiscación de sus propiedades por parte del gobierno cubano. La administración está considerando cuidadosamente las mejores formas de respaldar las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses».
Por último, García-Bengochea opinó: «A menos que se resuelvan las reclamaciones en Cuba, nunca habrá clara titularidad de la propiedad, sin la cual el capitalismo no puede funcionar, y mucho menos ser transformador. Sin eso, pocas empresas globales considerarían nuevas inversiones en Cuba, como hemos visto. El hecho es que las reclamaciones son… el tema central de la saga de Cuba, y con cada año que pasa, una resolución se volverá más onerosa para la dictadura y sus socios, en profundo detrimento del pueblo cubano».
