Los cubanos que fueron detenidos por manifestarse contra el Gobierno durante los acontecimientos del 11 de julio en la provincia de Holguín, serán juzgados legalmente entre el 11 y el 15 de enero en el municipio cabecera del territorio. Se confirmó un total de 21 acusados (entre los que se hallan al menos 4 menores de 18 años de edad) dentro del Expediente de Fase Preparatoria No. 11 de 2021 de la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado.
Medios de prensa independientes cubanos informaron que los procesados son: Marcos Antonio Pintueles Marrero (de 18 años), Franklin Reymundo Fernández Rodríguez (de 20 años), Miguel Cabrera Rojas (de 50 años), Mario Josue Prieto Ricardo (de 26 años), Yosvanis Rosell García Caso (de 33 años), Maykel Rodríguez del Campo (de 34 años), José Ramón Solano Randiche (de 30 años), William Manuel Leyva Pupo (de 20 años), Cruz García Domínguez (de 59 años), Jorge Luis Martínez García (de 18 años), Jessica Lisbet Torres Calvo (de 27 años), Yoirdan Revolta Leyva (de 21 años), Miguel Enrique Girón Velázquez (de 24 años), Yasmani Crespo Hernández (de 32 años), Yoel Ricardo Sánchez Borjas (de 18 años), Ayan Idalberto Jover Cardosa (de 17 años), Samuel Torres Durán (de 18 años),Yeral Michel Palacios Román (de 17 años), Ernesto Abelardo Martínez Pérez (de 17 años), Keyla Roxana Mulet Calderón (de 16 años) e Iván Colón Suárez (de 51 años).
Algunos se hallan bajo medida cautelar de prisión preventiva, otros bajo fianza y otros bajo medida cautelar de obligación contraída en acta. Todas las peticiones fiscales precisan entre 15 y 30 años de privación de libertad.
No obstante, también los escarmientos involucran un pago conjunto de más de 24.000 Pesos Cubanos (CUP) al Estado como compensación por daños materiales ocasionados al Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), al Complejo Monumentario Plaza de la Revolución, a la cadena de tiendas «División Oriente» y a la sede municipal del Ministerio del Interior (MININT).
Fernando Sera Planas, fiscal a cargo de los casos relativos al 11J, explicitó en el pertinente documento que los acusados están siendo procesados por el delito de «sedición» porque protestaron frente a las sedes locales del PCC y de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), y presentaron resistencia hasta provocar enfrentamientos con la policía y la Brigada Especial (boinas negras).
Continuó alegando que fomentaron la «alteración del orden» y declamaron «consignas contrarrevolucionarias», las que «laceran profundamente sentimientos patrióticos en los que se ha formado el pueblo revolucionario cubano».
Este delito está descrito en el artículo 100 del Código Penal (CP) como el que cometen aquellos que «tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes». La sanción máxima está entre los 10 y 20 años de prisión.
El abogado y activista cubano Fernando Almeyda argumentó que «lo que el fiscal califica como una circunstancia agravante son los propios elementos constitutivos del delito de sedición, por ende carece de sentido pretender aplicar una circunstancia agravante, o sea, no pueden ser considerados agravantes circunstancias propias de la tipificación del delito».
Este está tipificado en la sección de «Delitos contra la Seguridad Interior del Estado», por lo que constituye un delito político.
Entre los cuatro casos a los que la Fiscalía Provincial de Holguín pide 30 años de prisión está Yosvanis Rosell García Caso. Fue arrestado cuatro días después del 11J y actualmente cumple medida cautelar de prisión provisional en el centro penitenciario provincial.
Originalmente, estaba asumiendo cargos de «desorden público» y ha sufrido varias vejaciones desde el momento de su detención, según lo que denunció a CubaNet su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, así como una amenaza de muerte por parte del capitán Osvaldo Pérez, instructor penal de la Seguridad del Estado.
Rodríguez Sánchez publicó en redes sociales una carta en la que García Caso exponía su situación después de haber visitado el penal, el 3 de diciembre último. «Me negaron el derecho a ver a mi abogado al que aún hoy, casi después de cinco meses, ni yo ni los que permanecemos presos aquí en la prisión provisional de Holguín los hemos podido conocer, (…) es evidente su complicidad con la dictadura», escribió.
«Yo soy de ‘Patria y Vida’, eso no hay tortura física ni psicológica que lo pueda cambiar. Abajo el PCC. Libertad para todos los presos políticos, Patria y Vida», dijo Rodríguez Sánchez, quien también ha sido amenazada por exigir la liberación del joven de 33 años, quien sostiene a su esposa y tres hijos menores de edad con su trabajo de herrero.
Las protestas del 11J se desarrollaron en más de sesenta localidades de la isla. El grupo de trabajo «Justicia 11J» ha registrado, hasta la fecha, la ejecución de 46 procesos judiciales sumarios y de juicios ordinarios a 204 personas, y hay al menos otras 204 que se encuentra a la espera de un juicio.
El juicio a manifestantes del 11J en Villa Clara se desarrollarán la próxima semana, entre el 10 y el 14 de enero, y entre las 16 personas que serán procesadas está Andy Duniel García Lorenzo, joven de 23 años acusado de «desorden público» y «desacato», con petición fiscal de siete años de privación de libertad.
Fueron entre 5.000 y 8.000 personas los detenidos luego del 11J, de acuerdo con lo que contabilizó Prisoners Defenders.
El 2021 «probablemente sea al año con más presos políticos en el país en lo que va de siglo» para Juan Pappier, Investigador Senior, División de América de Human Right Watch, a raíz de esta «aterradora represión del régimen cubano».
