Yosvany Rosell García Caso, joven detenido violentamente durante las multitudinarias protestas populares del 11 de julio en Holguín, está a punto de ser condenado a 30 años de privación de libertad por el presunto delito de «sedición».
La organización jurídica no gubernamental Cubalex explicó que este delito está siendo impuesto a casi todos los manifestantes aún encarcelados como un escarmiento para que no ocurran nuevas protestas antigubernamentales, tomado como presunta muestra de traición a la patria.
El grupo Justicia 11J detalló que 650 de los más de 1.200 cubanos retenidos por su participación en las manifestaciones se hallan todavía en prisión, y 121 de ellos han sido acusados de cometer sedición, con penas establecidas de entre 13 y 30 años de cárcel (entre los que se encuentran al menos 11 menores de edad).
García Caso está siendo procesado por protestar junto a otras 13 personas frente al Gobierno Provincial de Holguín, al Gobierno Municipal de la ciudad cabecera, al edificio del órgano de la contrainteligencia del Ministerio del Interior (MININT) y a la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), por lo que consta que tuvieron el supuesto objetivo de «alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución de la República de Cuba».
La fiscalía que les pide una treintena de años en prisión los acusa de estar comprados por campañas de la contrarrevolución cubana en Estados Unidos y del Gobierno del país norteño, mediante «la utilización de las redes sociales, la telefonía móvil y otros medios alternativos», y de estar alentados a «desestabilizar el proceso revolucionario y procurar la ruptura del orden y la tranquilidad ciudadana».
El hecho de que «la muchedumbre» gritara consignas contrarrevolucionarias fue reprochado por la versión oficial debido a que algunas de estas «laceran profundamente sentimientos patrióticos en los que se ha formado el pueblo revolucionario cubano», a la vez que «exacerbaban las diferencias y el odio entre los ciudadanos por cuestiones políticas».
Añadió que continúan «los modelos de actuación contrarrevolucionarios diseñados por los enemigos del sistema socialista que constitucionalmente se ha establecido en Cuba», en forma de insultos lanzados «contra los dirigentes del Estado y el Partido Comunista de Cuba».
Respecto a Yosvany Rosell García Caso específicamente, la fiscalía destaca que antes de ser detenido, había convocado a sus vecinos a «protestar en la vía pública y tirarle piedras a instalaciones públicas» en medio de un apagón; así como que «tiene vínculos con ciudadanos radicados en Estados Unidos que pretenden destruir la revolución», que en 2012 fue condenado a cuatro años de privación de libertad por el delito de tráfico de drogas, y que ha sido advertido en el pasado por «vagancia habitual».
La publicación de Cubalex hizo hincapié en que abusos como esta condena «revelan la verdadera naturaleza de lo que algunos llaman aún la ‘revolución’ cubana».
El activista y periodista independiente Manuel De La Cruz comunicó a través de las redes sociales, el pasado 10 de octubre, que García Caso estuvo un mes sin la triple medicación que requiere para tratar su padecimiento del corazón a causa de que las autoridades no notificaron a su esposa su paradero. El joven de 33 años es padre de tres niños pequeños y reside en el reparto Alcides Pino del municipio cabecera Holguín.
El holguinero enfrenta actualmente, al igual que decenas de cubanos que protestaron el pasado 11 de julio, cargos de sedición. Inicialmente, se le imputaban también los delitos de atentado, desorden público, propagación de epidemia e incitación a delinquir.


