Uno de los manifestante del 11J, Daniel Joel Cárdenas Díaz, resultó baleado frente a su esposa y niños por tropas especiales (Boinas Negras) del Ministerio del Interior, y aún así las autoridades cubanas le piden hasta 27 años de privación de libertad.
Marbelis Vázquez Hernández, su esposa, relató a Martí Noticias que el abogado defensor le comunicó «que todavía no le ha llegado la petición fiscal, que debe tenerla esta semana», pero le alertó que se fuera preparando porque la cifra es alta.
“Me parece que por tirar piedras e ir a una manifestación, es demasiado, porque ellos están cuidando los bienes de ellos, lo que mi esposo les hizo a ellos, y lo que me hicieron a mí y a mis hijos ¿quién me lo paga? Ellos entraron por la fuerza a mi casa, tiraron tiros”, recordó del incidente.
Un video circuló en redes sociales evidenciando el momento en que los oficiales presuntamente disparan al manifestante en el interior de su vivienda.
La esposa narró que a las 11:00 am del 13 de julio, ella se encontraba junto a su familia en su vivienda y que vio a través de la ventana entreabierta que había llegado «un camión lleno de guardias que se bajaban con perros y armas». Los uniformados disparan en el patio de la casa, entran y disparan Cárdenas Díaz, de 36 años.
«Él cae en el piso lleno de sangre y a mí me arrodillan en un rincón con mis hijos. Luego recogen a mi esposo y se lo llevan con una herida de 12 centímetros en la cabeza. Después me decían que era mentira que Daniel Joel estaba herido, pero yo ya pude verlo y vi su cicatriz, pero no recuerda que se la causó”, denunció.
El caso fue presentado por el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU en octubre, y mientras, Cárdenas Díaz se encuentra en prisión preventiva en el penal Agüica de Colón, Matanzas.
El cubano enfrenta cargos de sabotaje, desórdenes públicos, propagación de epidemias y corrupción de menores, pero su esposa esclareció que los niños con los que él andaba en la manifestación son vecinos suyos, y que les obligaron a declarar que Cárdenas les había pagado para asistir a la protesta.
La organización Cubalex ha contabilizado más de 1.200 detenidos o personas en paradero desconocido a raíz de las manifestaciones civiles del 11J en varias ciudades de la isla. Más de 600 continúan encarcelados, según la lista, y algunos ya han recibido sentencia en procesos sumarios.
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