Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, uno de los cientos de jóvenes detenidos durante las multitudinarias protestas populares del 11J, ha sido condenado a 20 años de privación de libertad, bajo cargos de «sedición».
El muchacho, de 23 años de edad, lleva meses retenido en el Combinado del Este, por solo protestar pacíficamente en las calles de La Habana.
Bravo Cruzata declaró que la policía y fuerzas paramilitares del régimen arrasaron violentamente con las masas que pedían un cambio en la isla, rociando spray contra todos los cubanos que se dirigían hacia Centro Habana desde el periférico municipio de Arroyo Naranjo.
El joven, hasta ser arrestado, trabajaba en el departamento de seguridad de vuelos del Aeropuerto Internacional José Martí, lugar a donde efectivos de la Seguridad del Estado lo fueron a buscar pocos días después de las manifestaciones tras identificarlo como participante.
Bravo iba a incorporarse a su puesto de trabajo cuando oficiales del DTI procedieron a interceptarlo y a despojarlo de todas sus pertenencias e identificación como empleado de la entidad, pues no querían que se supiese que un agente de seguridad del aeropuerto estaba vinculado a los acontecimientos del 11J.
El joven estuvo 40 días pasando hambre y sufriendo un hongo que le provocó la humedad de la prisión, en la estación de 100 y Aldabó, según lo que comentó a la prensa independiente.
Incluso cuando no existe información oficial respecto a los detalles del número de personas con peticiones fiscales elevadas, se estima que al menos 75 ciudadanos podrán enfrentar sentencias de 20 años de privación de libertad o más, de acuerdo con la contabilización efectuada por organizaciones de la sociedad civil independiente como Justicia 11J.
El grupo alertó que los cargos de «sedición» están siendo utilizados «como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política. La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista».
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por su parte, advirtió desde Madrid que las peticiones fiscales hacia los protagonistas de las protestas del 11J no solo eran las más altas y estrictas desde la Primavera Negra de 2003, sino que equiparaban la gravedad de las protestas con el delito de homicidio.
La ONG expuso en un comunicado que «el mundo no puede quedarse callado ante la embestida permanente del régimen de Miguel Díaz-Canel».
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