Gobierno cubano se prepara para hacerse con el negocio de los ‘mensajeros de la bodega’ en La Habana

En una reunión reciente en la sede del Comité Municipal del Partido Comunista en el municipio Cerro, a los trabajadores y administrativos de Comercio Interior se les informó acerca de una nueva «estrategia» para «legalizar» el servicio de mensajería para productos racionados y controlados mediante la cartilla de racionamiento, lo que en la práctica significa que el Gobierno ha decidido apoderarse de la actividad.

Con la interrupción laboral que supuso la agudización de la crisis económica durante la pandemia del COVID-19, Comercio Interior quedó con «más de 3.000 empleados que debe reubicar» en La Habana, según directivos de la entidad.

«La propuesta es crear un servicio de mensajería que genere ingresos (al Estado) pues, según se planteó, existen muchos mensajeros que no pagan licencia», comentó un trabajador presente en la comparecencia, quien añadió que los directivos explicaron que «ya se han comprado triciclos, uniformes y se hizo el diseño de las identificaciones; que solo falta evaluar cuánto le van a cobrar la licencia a los nuevos mensajeros».

«El primer paso del programa sería, según indicaron, ir por cada casa para que los usuarios se afilien a la empresa de Comercio y soliciten el servicio de mensajería de los productos de la libreta. Si el cliente quiere que dentro del servicio se incluya también el gas, los medicamentos de la farmacia o compras en otra entidad comercial, sería para el mensajero», agregó, comentando que el salario básico sería de unos 2.200 pesos cubanos (CUP) mensuales, pero tendrían que prestar servicio a 23 núcleos familiares como mínimo y el extra sería resultado de convencer a los clientes de efectuar el pago a través de las aplicaciones EnZona o TransferMóvil.

La afiliación al servicio se planea en 150 CUP al mes, lo que ha sido considerado caro por muchos clientes, especialmente quienes dependen de la chequera de jubilación o de la asistencia social. El argumento por parte de las funcionarias consistió en que una parte considerable de cubanos de la tercera edad reciben remesas familiares desde el extranjero.

Se trata mayoritariamente de una actividad de subsistencia. En el barrio de Plaza, Julio Alberto González lleva más de 25 años realizándola. Decidió asumirla cuando quedó desempleado como fresador en un central azucarero con la llegada del llamado Período Especial. Su clientela no pasa de 15 familias y pacta con cada cliente el pago, en dependencia de sus posibilidades.

«Respecto a si no tenemos licencia, y que ahora resulta que somos una pérdida para el país, es puro cinismo y descaro», opinó. «Ahora que las malas decisiones económicas de quienes gobiernan el país llevaron a tener una masa enorme de desempleados, quieren ponerle orden a las cosas, pero afectando a quienes llevamos décadas doblando el lomo y sobreviviendo», añadió.

Por su parte, los habaneros tampoco están contentos con la decisión.

«Lo primero es que saldremos perjudicados los jubilados y las personas que son pensionadas por determinadas situaciones, pues afiliarse a un programa que para empezar requiere pagar a través de aplicaciones de internet, significa que hay que pagar a ETECSA también». El monopolio estatal de las telecomunicaciones «no ofrece los megas de manera gratuita», indicó Teresa Miranda Jiménez, jubilada y vecina del Cerro.

«Si es cierto lo que plantearon en esta reunión, respecto a que la verdadera ganancia e ingreso no está en el pago en efectivo sino online, entonces estamos ante otra medida económica que incrementa más el apartheid o la discriminación. Los cubanos más pobres tampoco cabrán en esa fórmula», finalizó Jiménez.