Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba (PCC), reconoció finalmente este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que «la inflación minorista ha sido la principal desviación de la Tarea Ordenamiento».
De acuerdo con declaraciones replicadas por Cubadebate, Murillo alegó que los números previstos para «los costos de la canasta de bienes y servicios de referencia» casi que se han duplicado, mientras que el poder adquisitivo de la población ha caído drásticamente: «la capacidad de compra que dio la reforma salarial se ha visto ‘muy afectada’, fundamentalmente en los sectores de menos ingreso».
Murillo también admitió que las autoridades pertinentes se vieron obligadas a «ajustar determinadas decisiones» tras la presión popular y los problemas de diseño de algunos procesos.
El «zar de las reformas económicas» explicó que hasta el mes de agosto, se aprobaron 256 decisiones y 171 normas jurídicas.
Aunque no ahondó demasiado, contó que se han cumplido 234 decisiones del total (con 155 normas jurídicas), están en proceso unas 10, están pendientes 9, incumplidas 2 y sin efecto 1.
Murillo afirmó que medir el resultado de la Tarea Ordenamiento «no es decir si salió bien, mal o parcial», pues hay que comparar el panorama actual con la planificación y estructuración que tenía la reforma en sus inicios para «tener una idea más real de cómo han sido las cosas en detalles».
Recordó que se había planificado una inflación mayorista de 1.200% para este año; y, en efecto, los precios crecieron 224% en el mes de enero con respecto al mes anterior, 12% más en febrero, 6,53% en junio contra mayo, etc.
El funcionario apuntó que se cumplió un objetivo, referente a que no crecieran más los precios mayoristas en comparación con el nivel de devaluación diseñado, por lo que recalcó que el problema de inflación yace en el mercado minorista.
Contó que la inflación de un 222% que han sufrido las empresas estatales está por debajo de lo calculado.
Eso sí, el directivo tuvo que reconocer que se dieron «muchos problemas de deficiencia».
Afirmó que el mercado informal cubano ya cuenta con una inflación de 6.900%, tanto en el minorista como en el mayorista.
Sobre esto, el dirigente alegó que «se está trabajando por el Ministerio de Finanzas y Precios, porque se hace necesario una política de precios mayoristas para administrar estos diferentes tipos de cambio en la economía».
Para profundizar en lo relativo a la inflación minorista, puntualizó que se había previsto que las ventas totales crecerían 1,6 veces y los ingresos de la población solo 5, así que esto se tuvo en cuenta para decidir si la reforma general y salarial se llevaría a cabo o no.
Admitió que «se suponía que todos los asalariados íbamos a quedar mejor que antes de la Tarea; pero en la práctica ha sucedido que las personas están enfrentándose a precios hasta diez veces más grandes que lo previsto en la inflación minorista».
Comentó que los precios minoristas han sido mayores en temas de transporte, vivienda (como en la compra de materiales de construcción), y de alimentación.
Agregó que aunque el salario medio es de 3.888 Pesos Cubanos (CUP) y la planeada canasta de bienes y servicios de referencia era de 1.528, «los niveles de costo de esa canasta han ido subiendo».
Reconoció, de forma resumida, que se «ha reducido la capacidad de compra que dio la reforma salarial, el crecimiento de las pensiones y la Asistencia Social, sobre todo en los sectores de menor ingreso».
Murillo dijo que «el Estado tiene que recoger el 92% de los ingresos monetarios de la población» si pretende alcanzar «»un equilibrio monetario», pero las cifras indican que esa recogida ha sido de un 67%.
Pedro Monreal, reconocido economista cubano, ha aseverado que continúa la inexistencia de resultados positivos a la Tarea Ordenamiento, alegando que esta reforma «parece transitar hacia un programa antinflacionario basado en la controvertible capacidad de la planificación centralizada para crear eficiencia empresarial, y en una visión asistencialista del alivio de la pobreza».
Desde su cuenta de Twitter, el analista comentó que «la apuesta principal del programa antinflacionario parece ser la respuesta de oferta de la empresa estatal, pero esta funciona en un esquema de planificación centralizada que en ninguna otra parte ha funcionado bien»; enfatizando en que «una apuesta más segura hubiera sido apoyar el agro privado».
Explicó que «el diseño inicial del ‘ordenamiento’ adoptó una secuencia problemática: dar un golpe de demanda sin asegurar primero capacidad de respuesta. Lo que ha ocurrido no era inevitable. Falló el imaginario del diseño».
También comentó, de una forma menos directa, que la reforma económica ha incrementado la desigualdad en el país.


