Desde la plataforma Archipiélago han demandado al intendente de la Habana Vieja, Alexis Acosta Silva, por declarar ilícita la marcha cívica del 15 de noviembre.
Según se ha podido conocer, la acción legal fue tomada por uno de los de los firmantes de la solicitud y se le acusa al funcionario de obstaculizar el legítimo derecho de la ciudadanía.
De esta forma lo dieron a conocer en Facebook:
«En el día de ayer 19 de octubre del 2021 un miembro de la Plataforma Archipiélago y firmante de la carta de solicitud entregada en la Intendencia de la Habana el 21 de septiembre del 2021, interpuso una demanda ante el Tribunal Provincial.
En este documento jurídico se acusa al intendente de la Habana Vieja por declarar ilícita la Marcha Cívica por el Cambio, explicando todos los fundamentos de derechos que respaldan la Manifestación del 15 de noviembre.
De igual modo se denunciaron los actos de difamación, asesinatos de honor, amenazas y violaciones de derechos, a que han sido sometidos los firmantes desde la presentación del documento en la Intendencia Municipal.
La Demanda fue aceptada por la instancia judicial y se le informó a la solicitante que se notificaría el resultado de viabilidad en un plazo de 7 días hábiles. Este acto jurídico responde a uno de los principios de la Plataforma Archipiélago, basado en responder a los actos autoritarios del Régimen Cubano con ejercicios pacíficos y cívicos.»
El artículo 292.1 c) del Código Penal vigente (CP) reconoce que quien impida que otro dirija quejas y peticiones a las autoridades es merecedor de una sanción de tres meses a un año de privación de libertad.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 292 del CP establece una sanción de seis meses a dos años de prisión si es un funcionario público el que con abuso de su cargo impide a una persona el ejercicio del derecho de queja o petición.
