Joven cubano de 18 años de edad es acusado de «atentado» por lanzarle piedras a un póster del Partido Comunista en Holguín durante las protestas del 11 de julio

Marco Antonio Pintueles, estudiante de Comercio de 18 años de edad, fue violentamente detenido durante los disturbios del pasado 11 de julio en la Plaza de la Revolución de Holguín y está siendo procesado por presuntamente haber lanzado piedras a un póster del Partido Comunista de Cuba (PCC), lo que fue clasificado como delito de «atentado» y por el que aún permanece en la misma Prisión Provincial donde enfermó de coronavirus.

Su madre, Dairy Marrero, no ha podido ver a su hijo desde entonces y solo pudo contactar por vía telefónica con él unos 5 días después de su detención.

La cubana explicó que «le hicieron un hematoma muy grande en la espalda» mientras estaba en instrucción penal, donde estuvo 46 días preso y allí se contagió con coronavirus, por lo que «lo trasladaron a un hospital de campaña en la cárcel de mujeres».

Añadió que su hijo le contó que las condiciones de los centros donde ha estado retenido han sido pésimas y que él ha podido sobrevivir gracias a algunos alimentos que ella le ha logrado enviar.

Aseguró que el cargo de «atentado» no fue más que una coacción empleada por el primer instructor que trató con él, quien lo manipuló para que se declarara culpable.

Marrero alegó que los instructores han asegurado tener evidencias de que Marco Antonio lanzó piedras contra un carro de las Brigadas Especiales. Denunció que nadie nunca le ha querido aclarar dudas sobre el proceso penal del joven (que sigue abierto), que Marco Antonio se ha visto forzado a firmar documentos que nunca ha podido leer, y que el abogado «se rige prácticamente por lo que ellos dicen».

El delito de «atentado» se sanciona con privación de libertad de 1 a 3 años de acuerdo con el Código Penal cubano, pero si se emplea un arma en el acto (de lo que ha sido tildada la piedra en este caso), la condena va de 3 a 8 años de cárcel.

Cualquier letrado afirmaría que la acusación más racional ha realizar en el caso de Marco Antonio sería «por daños», dado que ninguna persona resultó lesionada, con pena de privación de libertad de 3 meses a 1 año o una multa de 100 a 300 cuotas, o ambas. No obstante, la pena podría oscilar entre 2 y 5 años de prisión si los daños «se realizan para impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza o represalia de sus determinaciones».

Mientras, los hermanos artemiseños Rolando Yusef y Adrián Rodríguez Morera están retenidos por pedir libertad abiertamente durante las mismas manifestaciones en San Antonio de los Baños.

Su madre, Nancy Morera, alegó que ambos hermanos fueron detenidos cerca de la calle Real y fueron trasladados al cuartel de la policía política de Guanajay, conocido como «el Técnico». La Fiscalía Municipal les impuso prisión preventiva el día 28 de julio.

Los hermanos Morera son miembros del Movimiento Opositores por una Nueva República (MNOR), y están siendo acusados de «desorden público», «propagación de epidemias» y «desacato».

En el caso del delito de «desorden público», al igual que el de «desacato», se penaliza con entre 3 meses a 1 año de privación de libertad o una multa de 100 a 300 cuotas, o ambas; sin embargo, la condena sube a entre 1 y 3 años de cárcel si el delito se comete contra el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, los diputados de la misma o los miembros de los consejos de Estado y de ministros.

Como la participación en cualquier acto público (no organizado por el régimen, obviamente, pues el mismo Miguel Díaz-Canel debería haber sido sancionado por las varias ocasiones en las que ha incurrido en este mismo delito) se considera «propagación de epidemias», los Morera podrían ser penados con hasta 1 año de cárcel.