La Fiscalía de Villa Clara ha llevado a cabo desde el mes de julio de 2020 hasta la fecha un total de 217 procesos sumarios, donde han sido sancionadas casi 200 personas por reventa, acto que recae en los delitos de especulación, acaparamiento y actividad económica ilícita.
El fiscal jefe provincial, Javier Jiménez Abelenda, alegó que 176 villaclareños han sido penalizados por dichos delitos (13 con privación de libertad, 55 con trabajo correccional con internamiento, 64 con trabajo correccional sin internamiento, 11 con limitación de libertad y 33 con multas).
El periódico estatal Granma reportó que entre los artículos decomisados a estas personas, han figurado (en total) cantidades industriales de paquetes de detergente de diferentes tipos y gramajes, galones de peróxido, desodorantes, acondicionador para el cabello, perfumes y colonias, paquetes de pañales desechables, tubos de tinte para el cabello, champú de diferentes marcas, pasta dental, cremas para la piel y cosméticos, frijoles, arroz, cajetillas de cigarros, materiales de construcción (como cemento y herrajes de diferentes tipos), utensilios eléctricos, resistencias de hornillas eléctricas, bombillos ahorradores, café, embutidos, carnes, aceites, leche en polvo, azúcar, cervezas de importación y nacionales, y otras bebidas alcohólicas.
El medio especificó que la mayoría de estos productos fueron directamente desfalcados de tiendas y almacenes del Estado cubano.
El órgano de prensa oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) no tuvo más opción que reconocer que la raíz del problema constituye la crítica situación de desabastecimiento general que vive el país desde hace año y medio y que solo se agrava más. Pero, por supuesto, responsabilizó también al embargo estadounidense contra Cuba por obstaculizar el libre desarrollo económico del país.
El diario consideró al «enfrentamiento a revendedores, coleros y especuladores» como una campaña que todavía «no ha sido todo lo enérgica y sistemática que debía».
En el recién terminado mes de agosto, el Gobierno cubano se ha centrado en emplear su aparato propagandístico nacional para exponer «auditorías» sorpresivas y el trabajo de inspectores estatales, y justificar la escasez que sufre el país.
El local Tribuna de La Habana reportó que la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) de la provincia ha ejecutado «comprobaciones sorpresivas a más de 137 panaderías de las Unidades Básicas de la Industria Alimentaria (UBIA) de los municipios de San Miguel del Padrón, Cotorro, Plaza de la Revolución, Diez de Octubre, Arroyo Naranjo, Cerro, Guanabacoa, Regla, Marianao, La Habana Vieja y La Habana del Este».
El director provincial de la DISC en La Habana, Osvaldo Rivalta Torres, mencionó que han comprobado que «en dichos establecimientos se violan los precios y normas y se incumplen las medidas sanitarias», razón por la que fueron aplicadas más de 321 multas de 8.000 pesos, seis decomisos de productos sin respaldo documental y faltantes en los almacenes de materias primas. Los infractores están a la espera de medidas disciplinarias.
En el municipio de Plaza de la Revolución, el mercado de calle 23 y C presentó un sobrante de 137 pesos en la caja y en una mochila, en el almacén, 50 libras de azúcar cruda.
Los trabajadores del Silvain de Guanabo, en el municipio de La Habana del Este, comercializaban rollito a un precio mayor, producían masarreal de forma no autorizada y tenían sobrantes de pan sin respaldo documental.
Multas y medidas disciplinarias que impondrá la Empresa de Acopio constituyen las consecuencias a las infracciones detectadas en Plaza Cerro, donde se comprobaron violaciones en los precios y normas, además de un faltante de 528.963,40 pesos.
Mediante otra nota de Tribuna de La Habana se comunicó sobre la inspección efectuada en la tienda Verano, de la Cadena de Tiendas Caribe, en Arroyo Naranjo, de la decomisaron 20 ruedas de cigarros Popular y H. Upman, los cuales se vendieron a la población de forma forzosa más adelante.
La reforma económica calificada de «ordenamiento monetario» ha significado, entre otros aspectos, el incremento astronómico de los precios de productos y servicios básicos, incluidos los de producción estatal. Para sectores de la sociedad como el médico, el ordenamiento ha conllevado una importante pérdida de poder adquisitivo.
