Las autoridades cubanas han declarado como prioridad solucionar aquellos aspectos más superficiales que generaban descontentos en los principales focos de las protestas populares masivas del pasado 11 de julio, por lo que ordenaron la realización de un proceso de reparación de calles y aceras en el reparto La Güinera (Arroyo Naranjo), además del reconocimiento legal de viviendas hasta el momento irregulares.
Se comenzó con la edificación de un mínimo de 70 viviendas que deben ser completamente reparadas, de las 130 que presenten desperfectos estructurales de algún tipo.
El periódico Granma, órgano de prensa oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), informó que se legalizarán un total de 122 viviendas y se asignarán libretas de abastecimiento a las familias que viven allí.
También se repararon bodegas, consultorios, escuelas y puentes en la localidad, donde el mandatario realizó una visita este viernes (con un amplio despliegue de efectivos de seguridad en la zona).
El recorrido se centró en el lugar donde Diubis Laurencio Tejeda fue asesinado, única muerte sucedida durante los sucesos del 11J reconocida por el Gobierno, tras el llamado a la violencia del propio presidente cubano y la ola represiva que sufrieron los manifestantes.
También se identificaron durante la visita más mil jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo en La Güinera, de los cuales solo a 400 se les ha incorporado a pequeños cursos de capacitación en diferentes oficios.
El discurso oficial consiste en que los protagonistas de las protestas del 11J quisieron «robarse La Güinera», por lo que califica de vándalos y delincuentes a aquellos que se manifestaron para demandar libertad.
Más de un mes más tarde de los sucesos, en que La Güinera y otras 60 localidades de la isla protestaran de forma pacífica en las calles, es que se produce el intento de las autoridades de escuchar al pueblo. Los hechos incluyeron la represión violenta por parte de las fuerzas militares y paramilitares, el corte de los servicios de conectividad por casi una semana, y la detención de al menos 800 ciudadanos.
El acto que protagonizaron Díaz-Canel y funcionarios del Gobierno y el Partido en la capital recibió numerosas críticas en redes sociales, pues la población deduce que el mismo es oportunista y no se trata de un acto genuino de gobernanza, sino que constituye una ayuda temporal y tardía en una barriada abandonada por las autoridades durante años.
El recorrido del mandatario incluyó que este recibiera la bendición de una santera, miembro además de las organizaciones de masas de la comunidad. La iniciativa fue rechazada por las congregaciones religiosas, considerándola de un medio para limpiar la imagen del gobernante en medio de una crisis perenne en el país.
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