El novísimo y rechazado Decreto-Ley 35, aprobado este martes, constituye solo el último escalón en el largo proceso gubernamental cubano por aplacar la libertad de expresión del pueblo de la isla.
El Decreto-Ley 370 se hizo efectivo a principios de 2018 como mecanismo legal para coartar aún más la libertad de prensa en el país, una evidente y tajante violación a los derechos civiles reconocidos en el artículo 54 de la nueva Constitución cubana.
Las prácticas represivas que solía llevar la Seguridad del Estado contra la prensa independiente sin necesidad de anuencia jurídica, tuvo finalmente respaldo legal con estos decretos, lo que dio al castrismo verdadero poder para hacer lo que le viniera en gana.
Aquellos «vándalos» que luchaban para «denigrar a la Revolución» comenzaron a ser multados con la entrada en vigor del DL-370 y en pocos meses, el Ministerio del Interior (MININT) recaudó alrededor de 33.000 Pesos Cubanos (CUP) a costa de periodistas independientes.
El antecedente del DL-35 fue igualmente redactado por legisladores asalariados del régimen, con la diferencia de que no amenazaba con sanciones de hasta penas de cárcel a los ciudadanos comunes por manifestar su estado de opinión desde la digitalidad.
Gracias al 35, cualquiera que incurra en los presuntos delitos de «ciberterrorismo», «difamación», «incitación al odio» y «laceraciones al prestigio de la Revolución y de sus dirigentes», podrá terminar preso en un juicio sumario y expedito, pero el Gobierno siempre maltratará a su pueblo con tal de prever que de las redes sociales no emerja el empuje definitivo por la libertad de Cuba (algo inevitable).
El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) se halla paranoico y preocupado en extremo por la amenaza hacia su control totalitario que propinó el estallido social del 11 de julio. Por tanto, no les fue suficiente con golpear, encarcelar y hasta asesinar; sabían que tenían que cortar el problema de raíz y detener el mensaje rebelde en la única plataforma en Cuba donde los ciudadanos podían decir lo que quisieran, sobre todo gracias a las condiciones de anonimato.
En apenas 5 años, las redes sociales se han posicionado como la fuente predilecta de información de los cubanos, donde ni las políticas restrictivas del régimen son verdaderamente efectivas.
La nueva legislación planea multar o encarcelar a cada usuario que publique o comparta hasta la mínima expresión de contenido ligeramente contrastante con el adoctrinamiento estatal cubano. Hasta un meme parodiando el acontecer social y político cotidiano de la isla podría ser motivo para ser sancionado.
En este sentido, cualquier intento por denunciar negligencias médicas, mostrar las pésimas condiciones de los centros de salud de la isla, criticar la gestión del Gobierno o convocar a una protesta pacífica en defensa de derechos civiles fundamentales, se contempla dentro del delito de «subversión del orden constitucional», considerado como de «muy alta» peligrosidad.
Aunque el monopolio de las telecomunicaciones cubano (ETECSA) provea el servicio de Internet más caro y de peor calidad del mundo, y obligue a sus usuarios a instalar un VPN para navegar contra la censura, ni siquiera esta normativa contra la libertad de expresión será suficiente para acallar al pueblo indignado y furioso, porque los detonantes del 11J no han cambiado ni han sido solucionados (ni lo harán) y, eventualmente, el Gobierno notará que las prácticas restrictivas (acostumbradas a implantarse pre-delito) abarcarán a toda la población cubana y esto solo provocará pérdidas económicas para él.
