La nueva normativa de ciberseguridad cubana, que persigue los contenidos subversivos y las noticias falsas en la red, ha generado una ola de protestas de quienes la consideran una “ley mordaza” para silenciar las voces críticas, mientras el Gobierno defiende su legitimidad.
El Decreto-Ley 35 publicado este martes establece el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Cuba, mientras que la complementaria Resolución 105 recoge una serie de “incidentes de ciberseguridad” a los que atribuye cuatro niveles de peligrosidad: bajo, medio, alto y muy alto.
Se atribuye peligrosidad muy alta a “pretender alterar el orden público” o “promover la indisciplina social” en internet, así como cualquier acción “contraria a la verdad y a la rectitud que perjudique a personas e instituciones del Estado” o busque desestabilizar el funcionamiento de las instituciones.
Entre los comportamientos de “alta” peligrosidad en la red destaca la difusión de “contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”, así como la divulgación de noticias falsas.
El anuncio de la nueva normativa cayó como una bomba en las redes sociales, donde numerosos usuarios y organizaciones acusan al Gobierno de tratar de acallar y procesar a las voces críticas.
La nueva normativa se usará para justificar lo que hasta hoy han sido actuaciones ilegales, desde los cortes selectivos de servicio telefónico y datos a activistas y periodistas independientes hasta la suspensión de internet.
Durante las protestas del 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de movilizar a los miles de ciudadanos que salieron a las calles en todo el país para pedir libertad, el Gobierno tomó la medida extrema de bloquear internet, dejando sin conexión a millones de cubanos durante una semana.
Si se reproduce mañana una nueva manifestación, las autoridades del Ministerio del Interior tienen ahora la posibilidad legal de pedir a ETECSA que corte el servicio de internet. Con el Decreto 35 será legítima una técnica que el Gobierno ha venido usando hasta ahora de forma ilegal.
El Artículo 119 del Decreto-Ley 35 precisa que el Consejo de Estado o el Consejo de Defensa Nacional, según el caso, dispone la implantación de «medidas especiales, nacionales o regionales», para el manejo del espectro radioeléctrico (incluido el servicio de Internet), en casos de «situaciones excepcionales» y «otras circunstancias vinculadas a la Seguridad y la Defensa nacionales, así como con el Orden Interior».
De igual forma, el Artículo 121 de esta misma normativa otorga el derecho al los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, en lo que corresponda, para «disponer la implementación de medidas especiales para el manejo del espectro radioeléctrico, cuando estas sean de un alcance regional, provincial o municipal, lo cual se notifica al Ministro de Comunicaciones».
El recién estrenado marco regulador contempla sanciones administrativas como multas o decomiso de equipos, si bien la Fiscalía se reserva el derecho a ejercer acciones por la vía penal de forma separada.
En este sentido, el nuevo decreto apunta a dos potenciales amenazas a la estabilidad del sistema: los activistas opositores que participan en campañas antigubernamentales en la red y los ciudadanos descontentos que expresan sus críticas o comparten información negativa sobre la realidad del país.
En el caso de los activistas, la normativa establece los criterios de monitoreo de ese grupo y los incidentes que pueden ser perseguidos sin que la Fiscalía tenga que “torcer” las leyes actuales para procesar conductas consideradas subversivas (por ejemplo, convocar una protesta pacífica o promover campañas virtuales contra el sistema actual).
Frente a los ciudadanos corrientes, apunta, el decreto establece un patrón de conducta preventivo, ya que busca prevenir que el ciudadano cometa ciertas conductas y le dice que hay unas consecuencias.
Para justificar la aplicación del nuevo marco legal, las autoridades cubanas aludieron al ejemplo de Alemania, que regula estrictamente y persigue los contenidos que incitan a la violencia y el odio en las redes.
Sin embargo, el Gobierno cubano está yendo más allá: está entendiendo la ciberseguridad como su propia permanencia en el poder mediante el control del discurso opositor y del disgusto expresado por la ciudadanía en las redes sociales.
