Yoel Acosta es el primer multado en Cuba bajo la nueva legislación referente a las telecomunicaciones en la isla: el odiado Decreto-Ley 35. El periodista independiente fue sancionado por comunicar este miércoles sobre la pobre situación actual de los habitantes de Baracoa.
Acosta se encontraba cumpliendo con el deber de reportar para la agencia independiente cubana Palenque Visión, y fue multado con 2.000 Pesos Cubanos (CUP) bajo el DL-35, publicado el martes.
El joven también recibió una notificación de advertencia donde se le acusaba de atentar contra la soberanía de Cuba y de «desacreditar al país con los videos y reportajes que hace».
El periodista afirmó que los agentes que lo sancionaron le advirtieron que la nueva ley contempla penas de prisión para todos los que se manifiesten en contra del Gobierno o que muestren la realidad que vive el pueblo cubano.
El nuevo DL-35 legalizó la persecución de la «subversión social» por ser un delito de «muy alta peligrosidad». Este ha generado fuertes críticas populares e incluso comparaciones con la «ley mordaza».
Este documento pretende acallar las voces que se atreven a criticar al Gobierno dentro de la isla, el que tipifica al «ciberterrorismo» como aquellas acciones con un muy alto nivel de peligrosidad que usan las TIC para «subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado», mediante el cual la transmisión de informes o noticias falsos es penalizado.
El Artículo 79 estipula que se le impondrá una multa de 1.000 a 2.000 CUP, si es persona natural y si es una persona jurídica, de 2.000 a 4.000 CUP a aquel que «sin la autorización requerida, de acuerdo con la legislación vigente, importe, comercialice o transfiera por cualquier medio (…) y demás dispositivos para brindar o recibir servicios de telecomunicaciones».
Acosta ya había sido víctima de amenazas por parte de la Seguridad del Estado en Baracoa, en diciembre del 2020. Lo instigaron con desaparecerlo si seguía colaborando con la agencia de noticias independiente Palenque Visión, según lo que comunicó en ese entonces Radio Martí.
Varios usuarios en redes sociales llamaron la atención desde el martes sobre la amenaza que representa Decreto Ley 35 para la liberta de expresión en la isla, junto al hashtag #NoAIDecretoLey35.
Giselle Morfi, experta legal sobre el tema y miembro de la organización de derechos humanos Cubalex, escribió en forma de declaración que «este es el látigo de la libertad de expresión. Es una norma enfocada en la Seguridad del Estado y no en los derechos de los ciudadanos. La Ley de de Transparencia y Acceso a la información estaba prevista en junio de 2021 en el Calendario Jurídico cubano, en cambio sale esta normativa que lo único que hace es censurar».
Para ejemplificar la censura, Morfi comentó que los casos de Venezuela y China, «donde sin pruebas concretas de daños reales y con límites discrecionales en dependencia de la autoridad que aplique la norma, pueden sancionar a cualquier persona por ‘ciberterrorismo’, atentando directamente contra la libertad de expresión sin ninguna legitimidad».
