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Gobierno de Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra militares de alto rango en Cuba por las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones del 11 de julio

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que impuso nuevas sanciones a tres altos funcionarios del Gobierno cubano por supuestas violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones de mediados de julio.

En el sitio web del Departamento del Tesoro, se detalla que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su lista de Nacionales Designados Especialmente (SDN) los siguientes nombres:

  • Andrés Laureano González Brito, jefe del Ejército Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba.
  • Roberto Legra Sotolongo, subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones de las FAR.
  • Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, que pertenece al Ministerio del Interior (Minint).

El Gobierno estadounidense impuso las sanciones contra los altos funcionarios cubanos de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Esta es la cuarta ronda de sanciones desde que comenzaron las protestas en Cuba el 11 de julio de 2021.

«El Tesoro continúa apuntando a personas en relación con acciones para reprimir protestas pacíficas y prodemocráticas en Cuba», indica la nota del Departamento.

“El Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki. «La acción de hoy expone a más perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos», añadió.

Desde el comienzo de las protestas de julio de 2021 en Cuba, el régimen cubano ha utilizado las fuerzas de seguridad para reprimir a los manifestantes pacíficos. Legra es Subjefe del Estado Mayor y Jefe de la Dirección de Operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), dependiente del MINFAR, que desplegó las Tropas de Prevención (TDP), una unidad de la policía militar, en respuesta a las manifestaciones. La OFAC designó a Legra por «estar bajo el control, o haber actuado o pretender actuar en nombre o en representación de, directa o indirectamente, Álvaro López Miera, Ministro de las FAR. González es el Jefe del Ejército Central, también dependiente del MINFAR».

Jiménez es el Jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, dependiente del MININT; en este cargo, es responsable del trato y disposición de las personas encarceladas en Cuba. Las fuerzas de seguridad cubanas han detenido a más de 800 personas en respuesta a las protestas, muchas de las cuales se encuentran recluidas en una “cárcel preventiva” y aún se desconoce el paradero de varias personas. Una vez en la cárcel, muchas son procesadas por las autoridades cubanas en juicios sumarios, con procedimientos simplificados y, a menudo, sin la posibilidad de contratar a un abogado defensor. Decenas de personas ya han sido condenadas a hasta un año de prisión o trabajo correccional como resultado de juicios sumarios.

Legra y González fueron designados «por ser personas extranjeras que son o han sido líderes o funcionarios de una entidad, incluida cualquier entidad gubernamental, que se haya involucrado o cuyos miembros hayan incurrido, directa o indirectamente, en graves abusos contra los derechos humanos relacionados con sus mandatos».

Jiménez fue designado «por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, MININT, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con E.O. 13818». El MININT fue designado previamente por la OFAC el 15 de enero de 2021, «por ser responsable o cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos».

 

 


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