Luego de que estallara la histórica ola de protestas populares masivas durante el pasado 11 de julio en toda Cuba, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel se ha dicho ‘preocupado’ por la atención a los barrios marginales de La Habana.
El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), reseñó la reunión que el presidente llevó a cabo este miércoles (como parte de su «maquillaje político»), donde aseguró que su administración «va a apoyar los barrios, no a intervenirlos».
El mandatario hizo hincapié en la necesidad de definir y potenciar el papel de la Asamblea Municipal del Poder Popular y del presidente del municipio, pues esas son las máximas representaciones del Estado y del Gobierno en el nivel básico de organización; y en que las nuevas ideas y las nuevas propuestas «tienen que salir del barrio».
Invitó también a los responsables a identificar las suficiencias y deficiencias de cada comunidad, para poder diagnosticar cómo solucionar los problemas a corto y mediano plazo y cómo perfeccionar estética y funcionalmente aquellos temas que ya están ‘solucionados’.
A pesar de que el mismo presidente cubano ordenó que se comenzara a escuchar las necesidades y reclamos de la población para atender y facilitar los «proyecto, ideas, sugerencias y también insatisfacciones» que plantea, se continúa escuchando únicamente a aquellos individuos y entidades afines al Gobierno castrista, obviando así a quienes verdaderamente piden cambios significativos para el país.
El Granma aseguró que, desde las protestas del 11J, en la capital cubana se están realizando proyectos, incluidos los de tipo constructivo, «en 62 comunidades de mayor complejidad».
Por supuesto, La Güinera es la barriada que figura como de máxima prioridad, dado que fue allí a donde perteneció la única persona reconocida por las autoridades cubanas como fallecida durante las manifestaciones.
El barrio de El Fanguito, localizado en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, también es un área en la que Gobierno «no interviene», por lo que Granma detalló que «está siendo atendido por el Ministerio de Comunicaciones para remediar dificultades con el suministro de agua».
El presidente incluso paseó por la barriada de San Isidro, desde donde se originó el movimiento homónimo, en el momento en que el artivista Luis Manuel Otero Alcántara está retenido. Díaz-Canel se llegó San Isidro con una escolta conformada por personal de seguridad y dirigentes.
La imagen de Díaz-Canel ha estado en revisión desde que, el pasado 11 de julio, hizo un llamado al enfrentamiento entre cubanos, por lo que el PCC insiste en limpiarla. No obstante, la orden del dirigente no ha sido olvidada, y los ciudadanos están conscientes de que su líder mandó a los revolucionarios a tomar las calles.
Pedro Junco López, escritor independiente, dijo en Facebook, acerca del nuevo Decreto-Ley 35, que «si la implementación de los nuevos decretos y medidas por el Ministerio de Comunicaciones tiene por objetivo verdadero castigar a quienes en los medios sociales impulsen al odio, la agresividad y el crimen, el presidente del país Miguel Díaz-Canel Bermúdez debe ser sancionado tras sus belicosas palabras ante las cámaras de televisión en la tarde del 11 de julio, por haber dado la orden de combate frente a las manifestaciones populares».
La actitud del gobernante es contraproducente, de acuerdo a sus propias palabras de «potenciar la capacidad de oír lo que nos plantea la población para atender y facilitar lo que nos están proponiendo», pues no hace caso a las tantos llamados de atención hechos por la población para rechazar la norma. En cambio, se tilda de «contrarrevolucionarios» y «mercenarios» a aquellos que emplean en redes sociales la etiqueta #NoAlDecretoLey35.
