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Aumentan las redadas de la Policía en Cuba para confiscar las antenas parabólicas ilegales que se usan para ver «los canales de afuera»

El Gobierno cubano reabrió la campaña ofensiva contra las ilegales antenas parabólicas, pues como siempre han sido empleadas para acceder a la televisión de Florida desde la isla, se está intentando evitar que mediante ellas se divulguen imágenes y audiovisuales sobre las protestas del pasado 11 de julio en Cuba.

Las redadas policiales de persecución para detectarlas disminuyeron significativamente en el país en los últimos años, a pesar de ser muy realizadas anteriormente.

Un jubilado residente en Centro Habana llamado Juvenal contó que su antena lleva días sin recibir señal, luego de más de 10 años de disfrute de un servicio estable a través de un cable escondido en supuestas tuberías de agua que llegan hasta su domicilio.

Aseguró que el barrio de Cayo Hueso «está todo cableado», donde existen familias «que solo ven esos canales».

La frecuencia con que se han desplegado operativos policiales caza-antenas ha crecido en el último mes, por lo que propietarios que se dedican a ofrecer este servicio a sus vecinos han decidido suspender el servicio temporalmente, en espera de tiempos de menos persecución.

Estos elementos tecnológicos se expandieron por todas las hacinadas cuarterías y apartamentuchos de Centro Habana en la década de 1990, siendo unas de las primeras influencias del consumo de contenidos audiovisuales en el país, para ser continuado décadas después por el paquete semanal y la conexión a Internet.

El servicio de parabólicas clandestinas surgió como un medio de entretenimiento para la clase media de la población cubana, para ahora haberse reservado para las barriadas más humildes, pues es una alternativa mucho más barata que un paquete de datos móviles.

Mary, vecina de las cercanías de la iglesia del Carmen, explicó que todos los vecinos que han logrado ver el arribo de las patrullas policiales a sus calles, han cortado los cables inmediatamente y los han tirado al medio de la vía para que no se pueda rastrear el origen y el destino del cableado.

El dueño de la antena se encarga del nodo central y decide qué programas se ven en qué momento, y la señal viaja por su aparato decodificador hacia los dispositivos de otras casas, que pagan una mensualidad de 300 Pesos Cubanos (CUP) por 24 horas de transmisiones ininterrumpidas.

La mujer detalló que lo que más se consume son «los programas de Miami de América TeVé, también Telemundo, la CNN en Español y otros que ofrecen series, documentales y telenovelas», resaltando que hace años que no ve televisión cubana. Relató que la propietaria de la antena les advirtió que el servicio no iba a estar funcionando por unos días, hasta que se acabaran los operativos.

Los problemas técnicos también suceden en Cayo Hueso «porque la señal está fuera del barrio, y la accesibilidad a los equipos se ha reducido», según contó un joven que lleva 16 años en el negocio de las antenas parabólicas.

Muchos cubanos han podido ver los videos que evidenciaban los sucesos de las protestas y la represión policial a través de los noticiarios de América TeVé, Univisión, Telemundo y otros canales norteamericanos.

La relación entre las redadas y las manifestaciones del 11 de julio resulta evidente para el propietario de una de estas antenas, quien brinda servicios a más de treinta viviendas en el barrio de Los Sitios, alegando que el objetivo del Gobierno es «mantener a la gente alejada de esa versión de la protesta popular».

Distribuyendo con cables la señal a través de las azoteas o entre balcones, el hombre posee varias antenas con sus cajas decodificadoras colocadas en diferentes casas. Para obtener las transmisiones, un hermano le envía desde Miami las tarjetas de activación para el servicio de DirecTV. Incluso mencionó que desde que sucedieron las manifestaciones, las personas le han demandado más tiempo de noticias, en lugar de reality shows o telenovelas, el consumo habitual. Sin embargo, tiene esperanzas de que se acabe pronto, pues piensa que las autoridades han notado que «ya no pueden controlarlo ni tampoco pueden seguir agregando más molestias a la gente».


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