A un mes de estallada la histórica ola de manifestaciones populares masivas del 11 de julio, las calles de Cuba se hallan más tranquilas y el Gobierno continúa tratando de aplacar los ánimos de revuelta del pueblo con una serie de concesiones en el ámbito económico que no mucho resolverán más allá del ansia del momento, pero lo más preocupante es la negativa gubernamental de ofrecer una reforma política.
El Gobierno pasó gran parte de julio desmintiendo hechos y evidencias de represión y violaciones de derechos humanos, a la par que acusando a Estados Unidos y a las redes sociales de pretender alterar el equilibrio social en Cuba, por lo que ordenó recorridos de dirigentes del Partido Comunista (PCC) y organizaciones afines por las comunidades carenciadas del país.
El economista, analista y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Holy Names en California, Arturo López-Levy, defendió el criterio de que aunque las protestas nacieron como resultado del hartazgo popular, «sin una propuesta alternativa al Gobierno existente», la realidad es que surgieron de demandas y molestias internas y políticas.
Las exigencias de la población que se alzó el domingo 11 radicaban en la solución de las pésimas condiciones de vida que el Gobierno le ha impuesto al pueblo durante décadas y que han resultado en la terrible crisis general que sufre el país en la actualidad, agudizada por la pandemia del coronavirus, pero también se reclamó por la falta de libertad.
Aunque tardó varios días, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció la dura realidad que vive Cuba, como las exageradas diferencias sociales entre la población (agravadas por la implementación de las tiendas en Moneda Libremente Convertible), la falta de expectativa entre jóvenes y la marginalidad en las barriadas populares.
Michael J. Bustamante, Profesor Asociado de Historia de Universidad de Miami, declaró que aunque sí se realizaron concesiones en respuesta a las manifestaciones, constituidas por medidas limitadas, la frustración popular se ha incrementado por la noción de que el pueblo se tiene que alzar y tiene que ser reprimido para «conseguir cosas tan elementales».
La primera medida aplicada fue la suspensión temporal (hasta el mes de diciembre) del pago de aranceles y del límite de cantidad por la importación de productos de primera necesidad (dígase alimentos, medicamentos y aseo).
Luego se permitió la inscripción, también temporal, de personas en libretas de abastecimiento fuera de sus locaciones de origen (algunas de las cuales llevaban décadas sin recibir los productos normados por haber emigrado de forma irregular hacia otra provincia).
También se quitaron algunas trabas a emprendedores privados para poder importar insumos necesarios para sus negocios y se agilizó la apertura de mercados agropecuarios abastecidos previamente autorizados.
Se dispuso además, por orden del Ministerio de Comercio Interior, la venta de libras de arroz extra por cada persona y la distribución inmediata de donativos internacionales, los que incluyen productos como aceite, frijoles o harina.
Las autoridades comunicaron una vez más que las legislaciones que darán autorización para la creación de pequeñas y medianas empresas están listas, transformación que se lleva promocionando por la menos dos años sin precisar mayores detalles. También reiteró una ampliación en el trabajo por cuenta propia.
Pese a ello, expertos como López-Levy consideran que existe un “excesivo gradualismo” en el tránsito hacia a “una economía mixta”, lo que significaría mejoras palpables en la vida del pueblo. Medidas como el ejercicio profesional independiente de arquitectos, abogados o ingenieros o la inversión extranjera de cubanos residentes en el exterior se han obviado durante décadas y aparentemente no habrá una inclusión de las mismas en el horizonte temporal cercano.
La ciudadanía se mantiene avanzando con cautela, pues «la situación ha seguido muy mala”, según Daymi Cortés, comerciante de 46 años. Por su parte, una empleada estatal de 64 años, Eliana Fumar, dijo que se sentía más “fortalecida” en su ideología revolucionaria desde las manifestaciones del 11 de julio.
Cambios políticos continúan como una demanda de la población, a raíz de la aguda crisis económica que sufre la isla, sumada a los daños provocados por la pandemia del coronavirus, las ineficiencias del modelo económico y las sanciones que sigue imponiendo Estados Unidos. El discurso oficial hace suponer que estas reformas no serán admitidas.
Aylinn Torres, una académica cubana que vive en Ecuador y se desempeña como investigadora postdoctoral de la Fundación Rosa Luxemburgo, comentó que, para resolver el conflicto, resulta fundamental alguna forma de interacción del Gobierno, que «implicaría reconocer como legítimos a actores no institucionales», en referencia también a voces sociales y políticas que no necesariamente pertenecen a la oposición organizada.
