El gobierno cubano aprobó el viernes por la noche el nuevo decreto ley que autoriza la creación de empresas privadas en la Isla manejadas por cuentapropistas, como otra de las medidas desesperadas anunciadas de urgencia tras el estallido social del pasado 11 de julio.
«El Consejo de Estado aprobó el decreto-ley ‘Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas’, que facilita su inserción de forma coherente en el ordenamiento jurídico como actor que incide en la transformación productiva del país», dijo una nota en la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.
Esta decisión, largamente esperada por los emprendedores cubanos, llega casi un mes después de que estallaran las inéditas manifestaciones del 11 y 12 de julio al grito de «libertad» en más de 40 ciudades de la isla, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.
Para la economía cubana, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito histórico esto representa un paso gigante que tendrá consecuencias en el mediano y largo plazo para la reconfiguración de la economía nacional.
Las autoridades aclararon que las Pymes podrán ser estatales, privadas o mixtas y que las micro empresas podrán tener de uno a 10 empleados, las pequeñas, de 11 a 35 personas y las medianas hasta 100 trabajadores.
En febrero pasado el gobierno amplió a más de 2000 las actividades en las que pueden laborar los trabajadores independientes en la controlada economía cubana.
El Gbierno señaló en junio que algunas actividades autorizadas para trabajadores independientes no estarán en la lista de las Pymes, como «programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías».
Aunque eso se determinará en la reglamentación que deberá ser publicada próximamente.
El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, había dicho en junio que la ampliación de actividades a manos de privados «no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar».
El gobierno había reconocido que las pequeñas empresas funcionan ya en la isla de manera «enmascarada», pero con un marco legal se podría generar un mayor interés hacia estos negocios.
Para la comunidad de negocios de Estados Unidos, el gobierno de Díaz-Canel tomó «una decisión significativa que puede revalorizar el interés» empresarial en la isla, dijo el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos en junio pasado cuando el gobierno cubano anunció que reglamentaría las Pymes.
