Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), declaró en conferencia de prensa que su organización ha registrado hasta este viernes un total de 757 detenidos desde sucedidas las manifestaciones civiles del pasado 11 de julio en más de 50 localidades de la geografía cubana.
En la comparecencia presencial y virtual desde Madrid (donde la organización tiene su sede), González Raga enfatizó en que, de acuerdo con su investigación, 13 personas de ese total son menores de edad.
Aseguró que les ha sido difícil aceptar que solo hubo un fallecido durante los disturbios, el único reconocido por el Gobierno, pues están convencidos de que existen más (debido a la política totalitaria e intolerante que el Estado cubano siempre ha mantenido contra sus opositores y poco simpatizantes).
El directivo consideró los reclamos hechos por los manifestantes pacíficos aquel domingo como «derechos inalienables» que ya deberían haber sido reconocidos y garantizados por el sistema cubano desde hace muchísimo tiempo.
Pero no, en lugar de escuchar las exigencias y las necesidades del pueblo, el Gobierno rechazó todas las protestas alegando que fueron obra de las acciones injerencistas de Estados Unidos y de la oposición cubana en el exilio, y ordenó la represión de las manifestaciones y «la caza por todo el territorio nacional» de todos los participantes, según contó Gonzalez Raga.
El dirigente aseguró incluso que el Gobierno pudo hasta estrenar «nueva tecnología» de represión, cuando Cuba pasa por una drástica crisis económica y general y el Gobierno ha asegurado no tener fondos ni para alimentar a su población.
Además, los «aparatosos operativos militares» desplegados aquel domingo y en jornadas posteriores contaban con más de 20 agentes, patrullas y perros adiestrados.
La organización detalló que la cifra de arrestados, que consiste en 601 hombres y 156 mujeres, se alcanzó «en medio de apagones digitales» y «campañas de intimidación».
González Raga puntualizó que las detenciones no se efectuaban a «un delincuente, ni a un asesino, ni a un criminal», sino que la gran mayoría fueron manifestaciones puramente pacíficas.
En algunas localidades sí ocurrieron «eventos de desórdenes públicos», como tuvo que reconocer el director del OCDH. La organización conoce que, hasta el momento, todas las personas han sido juzgadas bajo cargos de «desorden público», con sanciones de un año de prisión o reclusión domiciliaria con medidas cautelares.
El Observatorio denunció que otros manifestantes también están siendo procesados por «transmisión de epidemias», cuando el Gobierno convocó el fin de semana a participar en «marchas tumultuarias» de «reafirmación revolucionaria». Parece que solo los revolucionarios son inmunes a contraer el virus en aglomeraciones.
González Raga sentenció que se trata de «desaparición forzosa» el hecho de no informar a los familiares de los detenidos adónde van a parar estos durante su reclusión, e incluye otras transgresiones a los derechos humanos como «detención arbitraria» y «tortura».
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