Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, aseguró este jueves en una conferencia de prensa que la mayoría de los detenidos durante las protesta del 11J han sido puestos en libertad y negó rotundamente que hayan personas desaparecidas en la isla tras participar en los disturbios.
En la misma comparecencia, condenó las sanciones aplicadas por el Gobierno estadounidense sobre funcionarios cubanos y sus tropas represivas de élite (por ser los principales responsables de la violencia desatada contra los manifestantes pacíficos del 11J).
El canciller cubano se comprometió a evidenciar la inexistencia de personas en estado de desaparación, en respuesta a las acusaciones en redes sociales de más de 600 detenidos y/o desaparecidos tras los hechos, dejando claro que las listas confeccionadas por entidades independientes al respecto «son absolutamente falsas».
Negó entonces que se hayan usando recursos como armas químicas o del tipo para reprimir las protestas y que hayan menores de edad detenidos actualmente (sin ningún contacto con sus familias o en localizaciones desconocidas).
Aseguró que «se cumple con estricto apego a la Constitución y con todas las garantías del debido proceso el tratamiento judicial de los casos que se detuvieron», habiendo liberado a los ciudadanos arrestados con sanciones de multa o bajo «medidas cautelares domiciliarias».
Desmintió también las acusaciones sobre casos de tortura a recluidos y a sus familiares, como la denuncia de Leonardo Romero Negrín, estudiante de Física de la Universidad de La Habana que aseguró haberlas sufrido.
Asimismo, tomó una posición defensiva rememorando los casos de represión en Estados Unidos durante las manifestaciones raciales del año pasado y afirmando que el Gobierno norteamericano no cuenta con autoridad moral para exigir a Cuba nada que no se haya puesto en práctica en ese país en cuanto a derechos humanos.
No solo rechazó las acusaciones de actos de terrorismo sucedidos en Cuba, sino que formuló que Estados Unidos está llevando a cabo acciones de «injerencia».
Alegó que la isla ha presentado un estado de «absoluta calma» en la última semana, pero no explicó, sin embargo, la existencia de evidencia en redes sociales sobre fuerzas policiales y militares armadas disparando a las manifestaciones, rociando gases lacrimógenos, o arrestando a menores de edad.
La Fiscalía General de la República recibió este jueves una carta firmada por estudiantes y profesores universitarios cubanos velando por lo intereses de los 8 menores arrestados: Glenda de la Caridad Marrero Cartaya (15), Leosvani Giménez Guzmán (15), Jonathan Pérez Ramos (16), Yanquier Sardiña Franco (16), Amanda Hernández Celaya (17), Brandon David Becerra (17), Giancarlos Alvarez Arriete (17) y Hatherin Acosta (17).
El Gobierno cubano también ha sido criticado por alterar los procesos judiciales, realizando juicios expeditos y sumarios para los manifestantes sin defensa ni presencia de sus familiares.
El General Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, y la Brigada Especial del Ministerio del Interior (MININT), fueron sancionados este jueves por el Gobierno de Estados Unidos por reprimir las protestas, apoyándose en la Ley Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) contra violadores de derechos humanos, la que sólo constituye la primera medida que implementará la administración de Joe Biden a Cuba tras los hechos.
