La provincia de Camagüey acaba de recibir la indicación de restringir completamente la circulación vehicular y peatonal, teniendo en cuenta que el territorio acumuló 1.590 casos positivos en los primeros cinco días de julio.
Las reacciones han sido muy diversas. Con tres ancianos bajo su custodia, Hilda Luaces consideró que la política condena a muchas familias en la búsqueda de comida y artículos de primera necesidad.
Francisco Campollo, por su parte, opinó que la medida pone entre la espada a los conductores privados, quienes no están eximidos de impuestos las patentes y encima no pueden circular.
El reforzamiento del patrullaje por las calles se suma a los 70 puntos de control activados en el territorio, mientras que muchos expresan su descontento con la Policía, alegando que «ha perdido el sentido común y se excede en sus atribuciones».
A la vez, los camagüeyanos dicen que han convertido sus casas en prisiones, y sugieren que se debe acabar con contaminación de los laboratorios y los focos activos en los hospitales para frenar la cadena de contagios.
Otros muchos han criticado que la prensa estatal no hace más que glorificar a los dirigentes por los pocos éxitos y achacar las culpas de los errores al pueblo.
Kenia, de la casa de cultura Amalia Simoni, señaló que el descontrol y la desinformación del Ministerio de Salud Pública son más dañinos, pues no divulgan el número de trabajadores sanitarios que han esparcido la enfermedad en sus espacios domésticos.
La mayor dificultad consiste en que la población tenga que ignorar mas restricciones y exponerse al contagio en aras de buscar alimentos y productos básicos.
El territorio agramontino recibió entonces la noticia de la medida, impuesta por el Grupo Temporal de Trabajo provincial, que canela todas las autorizaciones para la circulación vehicular y redujo la movilidad de los trabajadores imprescindibles hasta la 1:00 pm.
Dada su ubicación geográfica estratégica, el hecho de que se halla convertido la provincia en un «muro de contención policial» pone al país en aprietos, con mayor vigilancia en la circunvalación del municipio cabecera, la entrada de Oriente, la salida para La Habana y las vías de acceso a Vertientes, Sierra de Cubitas, Paso de Lesca, Santa Cruz del Sur y Florida.
Hay también una fuerte presencia militar en la zona limítrofe con Ciego de Ávila, Piedrecitas; en Guáimaro y Manatí, que dan paso a Las Tunas; y en Nuevitas.
La realidad es que la vigilancia de los representantes de las organizaciones de masas y la persecución de los militares no permiten que se cumpla lo que el diario estatal Adelante refirió: que algún miembro de la familia puede salir a realizar gestiones impostergables.
La directora de la Oficina de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, Nancy Acosta Hernández, y Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, lideran la comisión que el Gobierno designó para supervisar las nuevas restricciones. Los funcionarios decidieron seguie apretando las posibilidades de movilidad ante los 4.956 casos positivos reportados en el mes de junio.
Los trámites de todo tipo fueron suspendidos, y únicamente se mantienen en funcionamiento las entidades y centros de producción esenciales, con la cantidad de empleados indispensables.
En este contexto llega la «intervención sanitaria» con el candidato vacunal Abdala, que precisa de 280 vacunatorios certificados y solo han sido avalados 65.
La situación epidemiológica es extremadamente compleja. Hubo 25 fallecidos en el mes de mayo, y en junio la cifra subió a 48. El diario Adelante estimó que, de permanecer esta tendencia, podrían ser alrededor de 100 los decesos de julio.
