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Rentas ilegales en Cuba, los cubanos invisibles que viven por debajo del radar

Nelson Julio es un trotamundos que nunca ha podido vivir más de 3 meses en una misma vivienda desde que partió de su natal Sagua la Grande; eso sí, siempre han sido alquiladas e ilegales.

Pasó por 3 barrios diferentes en la ciudad de Santa Clara, cabecera de la central provincia de Villa Clara; y llegó entonces a La Habana, donde se trasladó 6 veces entre casas en el Vedado y en Centro Habana. Este constante peregrinaje ha sucedido solamente en los últimos 2 años.

Al mudarse primeramente hasta Santa Clara, notó que la única manera para vivir sin una dirección oficial en Cuba es alquilar ilícitamente un inmueble, sin licencia, sin contrato, sin declaración, sin cuotas normadas por la libreta de abastecimiento; solo dinero de por medio. Esta es una opción mucha más barata que la vía legal.

Nelson, graduado de Instrucción de Teatro y actual periodista independiente, alquiló su primera casa a 6 manzanas del Parque Leoncio Vidal, el mismísimo centro de la ciudad de Santa Clara. Era una casa pequeña y muy bonita con acceso a través de un pasillo que compartía con su arrendadora, quien repetidamente entró a la vivienda sin su permiso para cuidar de la casa, de la limpieza y de los equipos, lo que constituía una intrusión a la privacidad de Nelson.

A 3 meses de haberse instalado, el cubano habló con la casera por casualidad y le ofreció pagarle el mes debido, pero ella le avisó entonces que necesitaba que él abandonara el domicilio inmediatamente. La mujer había recordado en ese momento que había contratado a un albañil para arreglar el techo, por lo que denegó la petición de Nelson de 5 días de márgen para buscar otra residencia.

Él hizo sus maletas ese mismo día y recorrió las calles de la ciudad hasta encontrar un nuevo hospedaje.

Luego partió a residir ilegalmente en La Habana, como millones de cubanos han hecho en la historia de la isla.

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información en Cuba (ONEI) informó en el Anuario Demográfico de Cuba del 2019 que un total de 109.974 personas naturales de otras provincias del país emigraron hacia La Habana entre 2015 y 2019.

Como estos informes se confeccionan con datos expresos del Registro Nacional de Consumidores, aquellos que no cambien legalmente su dirección (migrando irregularmente) son invisibles a las estadísticas y a los registros.

Los migrantes ilegales a lo interno del país se trasladan a La Habana buscando mejores horizontes laborales, obligados a vivir indocumentados y sin garantías, a veces residiendo en asentamientos muy poco habitables en la periferia de la ciudad, tal vez sin servicios básicos como agua o electricidad. En muchas ocasiones, construyen ellos mismos sus propias viviendas furtivas usurpando tierras estatales.

Los que puedan costear un alquiler ilícito, se ven forzados a no contar con un respaldo jurídico que garantice condiciones de arrendamiento entre caseros e inquilinos. El persistente temor al desalojo es agobiante, y hace que no puedan personalizar o identificarse con un espacio, dada la alta probabilidad de deshabilitarlo en breve.

Las rentas legales llevan una absurda cantidad de trámites y controles muy estrictos por parte del Gobierno, por lo que la mayoría de los arrendadores en Cuba trabajan de forma ilegal.

Encima, la inflación ha hecho que hasta los alquileres más baratos resulten impagables.

Existen incluso agencias que se encargan de anunciar y comercializar con las ofertas de alquileres ilegales en la capital, cuyos grupos de WhatsApp actualizan regularmente las disponibilidades por zona y municipio. Estos grupos normalmente son de pago: se abonan 100 Pesos Cubanos (CUP) mensuales, el equivalente a 4,17 Dólares Estadounidenses (USD), o se es eliminado.

Una renta ilícita en un municipio apartado de la capital en la actualidad supera, en ocasiones, los 5.000 CUP, y en zonas del Vedado, Centro Habana y Playa, pueden alcanzar los 10.000 CUP, e incluso hay propietarios que únicamente admiten pagos en divisas extranjeras.

A Amanda le cambiaron el candado del garaje por el cual salió en la mañana a buscar el desayuno para sus hijas. La casera decidió sacarla de la vivienda antes de la fecha acordada, pues Amanda se negaba a abonarle el alquiler en USD, una moneda que en el mercado informal ha llegado a equivalentes exorbitantes. Además, se ve obligada, como muchos otros, a depender de rentas luego de haberse mudado desde el interior del país, comentando que lo más complicado es encontrar un sitio con armonía entre precio, condiciones y zona, y sobre todo en medio de una pandemia que ha restringido significativamente la movilidad.

Amanda, seudónimo con el que protege su identidad, se instaló en primera instancia en una casa con problemas con el abastecimiento de agua. Luego Carmen, una arrendataria acostumbrada a extranjeros que decidió abrir al mercado nacional por la pandemia, le replicó al anuncio que publicó en Revolico. Carmen no se tomó el trabajo de tramitar el cambio de licencia, y así evadía al fisco y prevenía nuevas gestiones para la reanudación eventual del turismo.

Amanda pagaba en total 6.250 CUP por el espacio que ocupaban ella y sus hijas, además de otra habitación para un estudio fotográfico.

Con todos los cambios que han ocurrido en el panorama económico cubano, los precios de los alquileres también han sufrido incontables variaciones. Carmen comenzó a pedirle 12.000 CUP o 300 USD por una casa contigua a la suya, que solo contaba con escasa luz, un televisor roto, un fogón de gas, un viandero, un armario y una mesa grande de 6 sillas en el comedor.

Entonces, Amanda exigió un contrato escrito para corroborar su acuerdo de un año de estancia. Incluso así, pasaban futuros inquilinos a ver el hogar, y hubo presiones y hasta denuncias por amenazas.

Apenas 8 días después de la mayor trifulca con su casera, en la que hubo hasta mediación policial, Amanda abandonó el lugar con las mayores pertenencias el 23 de febrero. No pudo ni volver a recoger el resto, pues Carmen cambió el candado de la entrada.

Se vio forzada a cerrar su negocio y postergar los contratos que tenía previstos, de donde salen los únicos ingresos con los que puede mantener a sus hijas, y se encuentra ahora en todo un proceso legal para recuperar lo que le pertenece.


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