Los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez y Marco Rubio, los más altos representantes de esta comunidad en el partido Demócrata y en el Republicano, respectivamente, presentaron hoy un proyecto de ley bipartidista que busca impedir que la justicia norteamericana reconozca las marcas comerciales “robadas” por el Gobierno cubano después del triunfo de la Revolución, en 1959.
En sus correspondientes cámaras, la ley se expuso como un proyecto que pretende “proteger los derechos e intereses de los empresarios” cuyos bienes fueron expropiados por el Gobierno de Fidel Castro.
“Cualquier confiscación de bienes por parte del régimen castrista fue y será siempre un delito”, declaró el senador Menéndez, al presentar el proyecto de ley.
Esta decreto hace hizo alusión a marcas como el Ron Havana Club, adquirido por Bacardí, y que fue confiscada por el Gobierno cubano en las tempranas edades de la Revolución.
La empresa estatal Cuba Ron y la compañía francesa que actúa como socio comercial, Pernod Ricard, tendrían prohibido si se aprueba la ley No Stolen Trademarks Honored in America Act la utilización de los derechos relacionados con Havana Club, debido a la confiscación ilegal de la marca.
«En 1994 un fabricante de ron cubano, Cuba Ron, solicitó y recibió una marca comercial estadounidense con el nombre “Havana Club”, llamada así por una marca que el régimen castrista confiscó en 1959. Alrededor del mismo tiempo que Cuba Ron presentó su solicitud, Bacardí, uno de los mayores productores de licores del mundo con sede en Puerto Rico, le compró la marca comercial y la receta a los descendientes del fundador original de Havana Club. Si aprobamos esta ley, Cuba Ron y su socio comercial, Pernod Ricard, tendrían prohibido usar los derechos relacionados con Havana Club, ya que el gobierno cubano lo había confiscado ilegalmente», explicó Menéndez.
El senador Marco Rubio dijo que la medida garantiza que “los tribunales de EE.UU. no reconozcan, ni validen ningún derecho de marcas, de negocios, o de activos robados por el régimen cubano”.
Las únicas excepciones constituirán aquellas marcas cuyos propietarios hayan cedido el derecho y la propiedad sobre ellas de forma voluntaria y consentida.
Luego de entregar la propuesta, el senador Menéndez precisó que “cualquier confiscación de bienes por parte del régimen castrista fue y será siempre un delito”.
Agregó que dicho proyecto de ley bipartidista y bicamera tiene el fin de proteger las marcas comerciales norteamericanas codificando legalmente la política de ayudar a los legítimos propietarios de bienes robados, asegurando de esta manera que los juzgados admitan los derechos de quienes sufrieron la confiscación ilegal y sin consentimiento de sus marcas por parte del Gobierno cubano.
El senador por la Florida, Marco Rubio, señaló que el Gobierno de la isla se ha beneficiado de propiedad intelectual robada mediante empresas bajo su control por las últimas seis décadas.
Copatrocinadora de la legislación en la Cámara, la representante Debbie Wasserman Schultz del Distrito 23 de Florida aseveró que la legislación solo intenta apoyar a los «verdaderos propietarios de bienes robados», y que se trata de una política que absolutamente debe encontrar continuidad.
Wasserman Schultz recalcó que sigue teniendo un compromiso tenaz con salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de las empresas norteamericanas, en función de garantizar que las marcas comerciales tengan la debida protección contra la confiscación por cualquier gobierno extranjero.
Son miles en Estados Unidos las reclamaciones certificadas de empresas expropiadas durante el mandato de Fidel Castro. La resolución a estas querellas se incluye entre las condiciones para reanudar a plenitud las relaciones diplomáticas entre ambos países.
En los capítulos III y IV de la Ley Libertad, también conocida como Helms-Burton y aprobada por el Congreso en 1996, posibilita emprender litigios contra compañías que lucren con bienes expropiados a ciudadanos norteamericanos y cubanos con doble ciudadanía. El Departamento de Estado puede también tomar cartas en el asunto y prohibirles la entrada al país, como es el caso de Gabriel Escarrer, CEO de Meliá.
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