Camagüey podrá finalmente disfrutar de la carne de res y de la leche que pueden vender sus productores privados gracias a las nuevas medidas gubernamentales destinadas a potenciar la producción de alimentos en el país. Irónicamente, la que fue la cumbre de la industria ganadera cubana, ahora celebra que el Gobierno se haya visto obligado a autorizar a los ganaderos a vender sus excedentes una vez cumplido el plan de entregas al Estado.
El más reciente paquete de 63 medidas que adoptará el Gobierno para, supuestamente, solucionar la crisis de alimentos en Cuba, aún no vela precisamente por los intereses de los productores y de la población cubana.
Por ejemplo, el Estado obliga a los ganaderos a venderle sus productos en CUP (una moneda notablemente devaluada en los últimos meses), mientras que los vende en Moneda Libremente Convertible (MLC).
El Estado cubano ha logrado desvanecer el grandísimo fondo ganadero con el que contaba la isla antes de que la Revolución de Fidel Castro triunfara, de casi 6 millones de cabezas para 1958, y ya para 1961 el número se había reducido en 223.667 reses.
Desde entonces se implantó la Ley No. 1018, en 20 de marzo de 1962, la que prohibía y penalizaba la matanza de ganado vacuno y la venta de sus carnes y demás productos.
Luego se aprobó la Ley No. 1 249 de 1973, la que estableció sanciones mucho más severas, implantando condenas de 2 a 5 años de privación de libertad cuando no se daba «autorización previa del órgano estatal específicamente autorizado para ello», sin importar que fuera para la venta o para el consumo propio.
La masa ganadera nacional fue disminuyendo de forma directamente proporcional al aumento de la densidad de la población cubana. Para 1989, la existencia de ganado vacuno en Cuba era de 4.919.000 reses.
En vez de facilitar la cría de ganado bovino y la venta de sus carnes, el Gobierno optó por designar multas para los productores que tuvieran pérdida de ganado por robos y mayores sanciones para los cuatreros, con penas de cuatro a diez años de privación de libertad por sacrificar ganado mayor sin autorización previa de la entidad estatal supervisora. Las circunstancias agravantes del contexto actual pudieron influir en la aplicación de sanciones máximas, como 15 años de cárcel por matar una res, mayor que por asesinar a otro ser humano.
La libreta de abastecimiento fue instaurada en la isla según la Ley No. 1 015 de 12 de marzo de 1962, y ocho días después se prohibió el sacrificio de vacas, pasando el comercio de carne bovina a formar parte de un monopolio estatal.
Ahora, el Buró Político del Partido Comunista (PCC) autorizó la “comercialización de carne bovina y el autoconsumo a los productores”, cumpliendo primeramente con el compromiso que sostienen los mismos con el Estado y siempre asegurando que no exista un decrecimiento de la masa ganadera.
Para que el país tenga carne de res para la población primero debe mantener una masa ganadera estable, así como insumos entre los que se destacan forrajes de corte, piensos, agua, insecticidas, medicinas, árboles en los potreros, cobertizos en los corrales, tractores, implementos agropecuarios, y especialmente, ganaderos contentos con las ganancias que generan a partir de sus esfuerzos.
Dentro de un año, si las medidas tienen los resultados previstos, la población podrá adquirir carne de res en los mercados, a precios exagerados, por supuesto, aunque por el momento hay muchas reticencias y escepticismos por todas partes.
