La autoridades habaneras han reconocido recientemente que existen más de 3.600 residentes en la capital que se han negado a abonar la cuota correspondiente a una multa impuesta por violar los protocolos sanitarios contra el virus de la COVID-29 y, por lo tanto, el Decreto Ley 14/20. De no saldar su deuda, estas personas podrán ser procesados y apresados.
Jorge Luis Villa Miranda, coordinador de Programas de la Economía del Gobierno Provincial de La Habana, aseguró que el número total de presuntos infractores cuyos plazos de pago acaban de vencer (que ya ha alcanzado los 3.656), recibirán próximamente la notificación de denuncia por impago, las que ya están siendo tramitadas por las unidades de la Policía locales y municipales.
Villa apuntó que 1.222 individuos de ese número de personas fueron penalizados en el mes de diciembre, correspondientes de forma mayoritaria a los municipios Cerro, Diez de Octubre, Marianao, Plaza de la Revolución y Habana Vieja. Contra ellos se aplicarán procedimientos para la resolución de los impagos.
Quiso recordar que se celebraron más de 150 juicios vinculados a esta causa en el mes de marzo, cuyos condenados ya están cumpliendo sanciones de internamiento, reclusión domiciliaria o libertad bajo restricción de movimientos.
Por su parte, Orestes Llanes Mestres, coordinador de Control y Fiscalización del Gobierno de La Habana, recordó que la normativa en cuestión estipula que los multados deben proceder al pago completo del monto en un plazo de 30 días naturales luego de la implantación de la sanción, y a quienes no lo hagan, se les duplicará la deuda y se dará un nuevo plazo de un mes para el pago. De no cumplir con ninguna de estas obligaciones, el deudor podría ser procesado y penalizado con privación de libertad.
Llanes Mestres señaló que la mayoría de las multas impuestas en el mes de marzo se localizaron en labores productivas en el sector agrícola, servicios comunales o la construcción.
El decreto 14/20, según el funcionario, se mantuvo vigente durante cinco meses, en el período abarcado desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021, y debido a él se impusieron 57.000 multas en varias provincias de la isla.
Finalizando febrero, los supuestos infractores sumaron unos 7 millones de pesos.
El instrumento jurídico fue sustituido el 1ro de febrero por el Decreto/Ley 31, el cual abarcó 3 nuevos incisos en los que se contempla un recrudecimiento de las sanciones contra individuos que incumplan con las regulaciones establecidas para prevenir mayor propagación del coronavirus.
No obstante, estos decretos han sido motivo de queja por parte de la población en general, debido a lo severas que son y los ridículos extremos a los que llegan quienes las aplican.
Una madre trabajadora recibió una multa de 1.500 CUP por no escribir la fecha en un pomo de agua con hipoclorito en su centro de trabajo, y denunció la situación en su muro de Facebook.
En un embrollo similar se vio un padre cubano al ser sancionado en Camagüey debido a haber infringido el toque de queda por COVID-19, puesto que se retrasó tratando de llevarle comida a sus hijos.
En redes sociales, Williams Valera Rosales se mostró indignado por haber sido multado por romper el toque de queda luego de llegar del trabajo y dirigirse al domicilio de sus cuatro hijos para llevarles leche y pan para el desayuno.
Las autoridades de la capital anunciaron el pasado 9 de abril que se reforzará la imposición de multas y otras sanciones penales y administrativas, así como la vigilancia e n las noches en la vía pública, para hacer cumplir las medidas sanitarias que permitirán controlar la ola de contagios, según aseguró el coronel Frank Gimen Jiménez, jefe policial de La Habana.
