Pese a que el Gobierno cubano anunció la aplicación de una serie de medidas destinadas a dar libertades a los productores independientes para poder potenciar así la producción de alimentos, el campesinado no se encuentra demasiado contento con esta decisión y no cree que verdaderamente resuelvan la difícil situación actual, pues las consideran «tardías e insuficientes».
La más comentada normativa a aplicar consta de permitir la libre y directa venta de excedentes de carne y leche de res por parte de los ganaderos cubanos, una vez hayan cumplido con los planes de entrega al Estado. En medio de la mayor crisis económica en más de 30 años y siendo uno de los sectores laborales más afectados, los productores privados no se han entusiasmado con la promesa de libertades condicionadas.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, decidió manifestarse al respecto del polémico paquete de 63 medidas. Entre ironías y puñaladas, Ajete plasmó la cautelosa actitud que han decidido mantener él y sus colegas sobre el asunto.
Aseguró que en la propia explicación de la conceptualización y puesta en práctica de las nuevas regulaciones en la Mesa Redonda, se encontraban muchos detalles poco realistas sobre el desenvolvimiento de los planes, los que se prevé que aminoren la severa crisis de alimentos que existe hoy.
Desde la experiencia de llevar años labrando la tierra en Los Palacios (Pinar del Río) y dirigir una organización no oficial y mal vista por el Gobierno, Ajete manifestó su criterio de que estas flexibilizaciones resultarán insuficientes para lograr verdaderas mejorías, y que se hallan alejadas de las demandas de los agricultores y ganaderos.
Adjudicó al Gobierno la responsabilidad por casi todos los males con los que tienen que cargar los agricultores cubanos hoy en día: por el casi total desuso de tierras en buenas condiciones, por el abandono de industrias, por la represión al sector privado de la economía, por llevar a cabo ideas absurdas que solo están destinadas al fracaso, y por más.
Las nuevas flexibilizaciones, por ejenplo, no incluyen la distribución de terrenos en desuso y de instalaciones con gestión y producción disfuncionales a los campesinos privados.
Criticó gravemente la decisión de mantener a Acopio, el «señor feudal» que solo existe para enriquecerse del trabajo de otros y el que ha influido en el decaimiento de una economía meramente agrónoma; y explicó que esto constituye una prueba más de que estas regulaciones no están basadas en un afán por dar facilidades y responder a la lógica, sino en resolver el problema dentro de las posibilidades.
El líder todavía no da la iniciativa por fracasada, pero no cree que represente un real beneficio para el campesinado.
Subrayó que no tiene sentido que se les pague en CUP cuando todas las inversiones que deben realizar en materia de insumos sean en MLC.
Julio Cordoví, un ganadero de Esmeralda (Camagüey), también se mostró desconfiado con las nuevas medidas, porque aunque representen una buena noticia para los que cuentan con ganado mayor, ninguno de ellos pueden asegurar los recursos para producir lo suficiente para entregar al Estado y generar un beneficio propio con los excedentes.
Cordoví ha visto reducirse el número de sus animales por la sequía, las restricciones del Estado y el vandalismo emergente de la necesidad y el oportunismo del pueblo.
Cuestionó la moneda en la que cobraría la venta de esos productos a paladares y hoteles el hipotético caso en el que logra cumplir con el plan del Estado en la entrega de leche y carne, convenio que a partir de ahora será a través de un contrato vinculante y, por tanto, obligatorio.
Las ganancias en pesos cubanos no le resultan beneficiosas porque todas y cada una de las inversiones de las que precisa su finca son en divisas MLC. Mientras, dijo que él y todos los productores de la zona están simplemente esperando a que pasen unas semanas y se desarrolle la situación propiamente, porque nunca se sabe lo que puede pasar.
Reticente y todo, Cordoví se vio aliviado con el anuncio de las rebaja de las tarifas eléctricas y del uso del agua, gastos altísimos desde que se comenzó a implementar la Tarea Ordenamiento.
El economista Pedro Monreal también alertó acerca de la carga al maltrecho presupuesto del Estado. El académico detalló en Twitter que se reafirma el pobre diseño inicial de precios del ordenamiento si se tiene en cuenta que «el costo del reajuste de precios iniciales se reparte entre 2.911 millones de CUP del presupuesto y un monto indefinido que absorben las empresas suministradoras».
Para Monreal, estas medidas no son nada por lo que saltar de la alegría porque no parecen «tener potencial inmediato» y, según datos económicos de los últimos años, «no permiten visualizar una recuperación rápida», por lo que los problemas ya existentes en el sector agropecuario no harán más que empeorarse.
Julio César Cruz, en el matancero poblado de Colón, consideró que las medidas no pueden hundirnos más, y solo espera por que se incluyan entre las medidas la importación de insumos, como los dos tractores pequeños y una planta eléctrica que tiene listos su tío en la Florida para mandarle.
