Mucho se ha hablado sobre la municipalización de la economía en la provincia de La Habana, medida tomada para enfrentar la pandemia del coronavirus en la capital y que involucra el escaneo del carnet de identidad en las tiendas en CUP, y es que esta práctica, según el criterio popular mayoritario, limita a los ciudadanos residentes en municipios con tiendas menos surtidas a distribuirse el poco suministro como puedan.
La alimentación en los hogares cubanos promedio resulta cada vez menos variada e insostenible. El habanero René Urquiola Ventura se enfrascó en una discusión con dos agentes de la policía por negarse a dejar escanear su carnet de identidad para efectuar la compra de 2 latas pequeñas de atún en aceite natural y 4 rollos de papel sanitario.
Urquiola Ventura, quien fue sancionado con 1.000 CUP de multa por desorden público, explicó que se rehusó a dar su carnet de identidad porque, de ser escaneado, no podía volver a comprar en esa tienda hasta la semana siguiente, y no valía la pena reservar la compra de la semana a dos míseras latas de atún (encima, él podía haber comprado más, pero el límite de compra por cliente impuesto por la tienda es de 2 latas).
Su familia se compone por 7 integrantes, incluyendo a niños y a ancianos, por lo que su sustento de la semana no se puede basar en 2 latas de atún. Urquiola Ventura aseguró en medio de esa cola que «todo el pueblo está literalmente en hambruna».
La restricción de las compras en CUP en la red minorista estatal a los municipios de residencia también está encaminada a «combatir» la especulación, el acaparamiento y la movilidad ciudadana a raíz de la pandemia.
En cambio, en las tiendas que operan en Moneda Libremente Convertible (MLC) no hay escaneo ni restricción al municipio, pero sí se registra la tarjeta con la que se compra.
María Elena Pacheco, vecina del Cerro y licenciada en Ciencias Sociales, alegó que estas medidas son solo una justificación de cara al pueblo para no reconocer de una vez que la escasez y el desabastecimiento en el país han alcanzado niveles críticos en los últimos meses y que la crisis económica es la más avanzada que hemos sufrido en décadas. Declaró que la única solución para combatir a los coleros, acaparadores y revendedores es lograr una mayor y suficiente producción a nivel nacional y eliminar la dolarización de la economía.
Pacheco mencionó que especialmente las personas de la tercera edad discuten todas las semanas con los agentes de policía y miembros de la «brigada anticolera», porque resulta injusto que escaneen el carnet de identidad, que limita a los habaneros a una sola compra semanal y dentro de su municipio de residencia, en colas por productos tan mínimos o triviales que alcanzan para dos comidas o para comer con pan, lo que debe alcanzar para toda una semana.
El racionamiento de productos de primera necesidad se ha agudizado en la isla, en medio de una crisis económica y financiera que se recrudeció con la expansión del coronavirus.
Una oficial de Policía admitió que, a veces no se hace el trabajo como está establecido, porque «en realidad se debe escanear el carnet cuando se ofertan módulos, es decir, cuando se venden en la misma tienda un conjunto de productos variados y que, por lógica, deberían alcanzar para la comida familiar en una semana».
Para ella, en estos casos de productos únicos y racionados, es ilógico que se proceda a escanear documentos de identidad, y lo que deben hacer las «brigadas anticoleros» es evitar que los coleros hagan de las suyas.
Los testimonios de los habaneros, en cambio, evidencian que lo ilógico es lo que sucede «todos los días del mes y en todos los municipios», según Aimé Villa Toledo, vecina de Boyeros y trabajadora de una empresa de transporte.
Planteó que las autoridades deben repensar la dinámica del escaneo del carnet porque el promedio de miembros por núcleos familiares en el país ronda las cinco personas, y los límites de compra en la mayoría de las tiendas de la capital no permiten cubrir esas necesidades en las viviendas con más habitantes, debido a que no deberían acudir a la tienda todos los miembros de una familia por la misma medida gubernamental que alienta a evitar aglomeraciones; de ahí que los enfrentamientos entre la población, policías y «anticoleros» sean cada vez más comunes.
