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¿El Gobierno cubano podría estar ocultando los números reales de fallecidos por coronavirus en el país?

La infinidad de dudas sobre la transparencia de las cifras de coronavirus reportados por el Gobierno cubano ha vuelto a resurgir, luego de que muchos nacionales hayan denunciado desde sus redes los casos de fallecidos cercanos a ellos que habían padecido la enfermedad, pero cuyos certificados de defunción alegaban neumonía, bronconeumonía o influenza como causa de muerte.

No solo la población, también los propios profesionales de la salud han hecho alusión a la poca transparencia que existe al respecto de la pandemia en el país, tanto por parte del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) como de los altos mandos del Gobierno. Son ellos mismos los que han asegurado que en Cuba se trabaja con dos listados, uno público y otro interno.

La población ha echado cuentas y ha deducido que existen muchas faltas de congruencia en los datos oficiales informados por las autoridades sanitarias nacionales y por la prensa oficialista.

El pueblo ha llegado a la conclusión de que es casi imposible que solo se hayan dado 70.000 contagios y poco más de 400 muertes en el país desde el mes de marzo de 2020.

El procesamiento de los descensos en las distintas provincias ha sido constantemente caótico, dada la sobresaturación con la que se vieron impactadas las funerarias y demás entidades necrológicas en el manejo de los cadáveres, al igual que pasó con las instituciones y personal sanitarios.

Más de un profesional de salud que ha sido entrevistado por medios independientes cubanos ha declarado su criterio de que la gestión de la pandemia ha sido dirigida por el general de brigada Francisco Martínez Quíntela, quien es jefe de la Dirección de Servicios Médicos de las FAR, además de por el director del Hospital Luis Díaz Soto (Naval) de la Habana, el coronel Julio Pérez Salido, y la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR, la teniente coronel Yordana Maqueira.

Ninguna fuente oficial ha confirmado esta acusación, pero el propio Martínez Quíntela declaró en una emisión de la Mesa Redonda que «el plan de enfrentamiento a la epidemia se elaboró a partir de la decisión de Raúl Castro Ruz».

Señaló también que 6 de los 7 hospitales militares del país fueron reservados para la atención a los pacientes con la enfermedad, además de 2 puestos médicos territoriales: uno en la región militar de Pinar del Río y otro en la de Guantánamo.

El primero en ser designado para esta tarea fue el villaclareño Manuel Fajardo Rivero, el día 13 de marzo de 2020, cuando recibió a los primeros casos sospechosos y positivos en el país, procedentes de Sancti Spíritus.

Se incorporaron posteriormente el matancero Mario Muñoz Monroy, el camagüeyano Octavio de la Concepción y de la Pedraja, el holguinero Fermín Valdés Domínguez, el santiaguero Joaquín Castillo Duany y el capitalino Carlos J. Finlay.

El Hospital Naval corre a cargo de la supervisión de los protocolos, según el propio coronel Pérez Salido, puesto que la instalación tiene mucha experiencia en la batalla contra la neuropatía, el ébola, el paludismo y las investigaciones para generalizar el factor de crecimiento epidérmico, la heberkinasa y el Heberferon.

Trabajadores de la Salud esperan, pese a que todavía no ha sido publicado el Anuario Estadístico de Salud Pública de 2020, que haya un incremento de los números de decesos debido a influenza y neumonía, tomando en consideración la cantidad de veces que se usa este motivo de muerte para justificar defunciones.

Si el pronóstico es correcto, estos padecimientos podrían posicionarse entre las tres primeras causas de muerte en Cuba, a la vez que el Gobierno está plenamente entregado a la tarea de contener la expansión del COVID-19 y los fallecimientos que conlleva.

Resulta muy usual que el MINSAP no sea completamente transparente al publicar estadísticas y excluya información sensible, como la referente al número de casos de dengue o el reciente brote de sarna. Por ende, la credibilidad de sus anuarios deja mucho que desear y se arriesga la calidad de la consulta de especialistas y organismos internacionales.


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