Una nueva regulación fue establecida a cargo del Ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN) sobre el procedimiento aprobado para la licitación de locales estatales a trabajadores privados, lo que representa, de alguna manera, una permisión significativa para un sector tan obstaculizado y demeritado como el privado.
El medio oficialista Cubadebate, el que liberó la noticia, definió a esta parte de la población y de la economía cubana como un «complemento» financiero, el mismo al que el Gobierno se ha visto obligado a recurrir cuando observa cómo sectores como la gastronomía y los servicios van en caída (más de lo común).
Dar libertades a los cuentapropistas siempre ha sido un acción extremadamente atípica en Cuba, puesto que la dirección del país nunca ha querido reconocer que el pueblo podría aportar a la economía nacional mucho más que sus muy deficientes macroempresas y que, tal vez, existe un latente temor entre la cúspide de poder de que la población se haga de tal notable riqueza que mande a paseo su fachada comunista.
En la Resolución 48, publicada en la Gaceta Oficial número 31, se estipulan los pasos a seguir para llevar a cabo la renta legal a gestores no estatales de establecimientos de las entidades del comercio, la gastronomía y los servicios de subordinación local y de las entidades nacionales del sistema de Comercio del Estado.
La licitación, según la nueva legislación, permitirá conceder inmuebles estatales en arrendamiento para el uso y disfrute de los trabajadores particulares encargados de su administración (con total libertad de gestión). No solo eso, sino que también se podrá vender o rentar los bienes muebles de esos locales.
Los trabajadores de las unidades a ofertar participarán en el proceso. Este podrá ser solicitado tanto por los trabajadores del centro en cuestión, por cuentapropistas, por cooperativas no agropecuarias referidas a estas actividades, y por demás naturales cubanos interesados en su gestión.
Luego de que la licitación sea otorgada a un titular en un plazo máximo de 30 días hábiles después de presentada la solicitud, este deberá asumir a los empleados de la entidad. En caso de que ellos no deseen continuar trabajando bajo las condiciones impuestas por el nuevo gestor (de forma privada o en asociación a una cooperativa no agropecuaria), se aplicará lo que establece la legislación laboral vigente.
La regulación contempla con algunos «impedimentos para participar en el proceso de licitación», entre los que se encuentran «ser residente de una provincia distinta de donde se encuentra enclavado el establecimiento a licitar»; y también «haber cometido fraude o engaño en proceso de licitación anterior».
Asimismo, tampoco podrán solicitar el procedimiento aquellos sancionados por haber cometido delitos «contra la economía nacional o los derechos patrimoniales», en caso de no estar reinsertado en la sociedad, o que, como sanción accesoria, le esté prohibido el ejercicio de alguna actividad u oficio vinculada al comercio interior, «siempre que los antecedentes penales no hayan sido cancelados».
Otros obstáculos refieren a haber sido sancionado con alguna medida disciplinaria de separación definitiva del sector o de la entidad, en el sistema de Comercio Interior, sin haber sido declarado como rehabilitado acorde a la normativa laboral vigente; o haberse retirado sin una justificación apropiada con el contrato de arrendamiento ya firmado.
Los negocios privados en Cuba se enfrentan a más impedimentos cada día, ya sean internos o de repercusión internacional. Viendo sus fuerzas reducidas en más de 14.600 trabajadores entre los años 2019 y 2020, los cuentapropistas deben también superar el asedio de inspectores, multas considerables, desabastecimiento de insumos, subida de precios, inflación, coronavirus, y otros tantos problemas para conseguir seguir adelante y no sucumbir ante la crisis, como tantos otros.
Los negocios privados en Cuba, que se vieron reducido en 14.600 trabajadores entre 2019 y 2020, tiene una realidad difícil. Los cuentapropistas enfrentan hoy al aumento de las multas y las sanciones, la escasez de materias primas e insumos, el incremento de los salarios, el alza de los precios, la inflación, la pandemia de coronavirus y el problema del cambio real y en el mercado negro del peso cubano.
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