Las medidas legales que ha tomado el Gobierno cubano para controlar los precios en esta grave crisis económica (luego de implantada la Tarea Ordenamiento) hace unos tres meses, no han demostrado una verdadera efectividad todavía, pues son muchos los comerciantes dispuestos a saltarse la ley con tal de generar beneficios.
Las multas impuestas a los infractores oscilan entre los 5.000 CUP y los 12.000 y 15.000 CUP, para irregularidades menores como la de no exponer los precios de visible y para muy perseguidos delitos como los «precios abusivos y especulativos». Además de este tipo de sanciones, se pueden imponer decomisos, ventas forzosas de productos a los precios que deberían ser y retiradas de licencias a los reincidentes.
El medio oficialista Cubadebate reportó ayer que se han registrado 6.097 denuncias en lo que va de año por colaboradores ciudadanos, y 4.541 de ellas resultaron estar en lo cierto.
Se han tomado 33.229 medidas punitivas en el sector estatal y 36.357 en el privado (a raíz de la detección de 33.722 infracciones). La estadística indicó que se encontraron violaciones en 7 de cada 10 centros inspeccionados.
Las infracciones se dieron principalmente en servicios agropecuarios, gastronómicos y de transporte, con alteraciones de precios, de pesaje de productos y de calidad.
Mientras, gran parte de la población ha asegurado que los precios son muy elevados y que la calidad es deficiente, que se dan muchísimos robos y trampas y que faltan controles.
No obstante, muchos recalcan que lo necesario es enfrentar las causas que llevan a los individuos a infringir la ley, y que estas sanciones, muchas veces, solo logran afectar o interrumpir el suministro y la prestación de servicios y procesos.
La otra cara de la moneda revela la opinión de muchos otros, que considera como poco severas tales sanciones, así como que se defiende poco a los consumidores.
Las tiendas en MLC no salen exentas tampoco de la furia de una población desesperada por productos de primera necesidad en las tiendas en pesos cubanos, asequibles para todos, y quienes, vaya usted a saber cómo, tienen acceso a dólares o euros.
Un usuario, por ejemplo, resaltó que la pasta dental brilla por su ausencia en las bodegas estatales, y que tuvo que adquirir el mes pasado unos tubos de pasta Fortident de 70 ml en 1,75 dólares, de por sí un precio excesivo, para este mes encontrarse con que la única oferta disponible era de mayor volumen y más cara.
Hay internautas, por otra parte, que desean que algunos productos sean nuevamente distribuidos mediante la libreta de abastecimiento, pese a que uno de los principales objetivos de la Tarea Ordenamiento consiste en la eliminación de subsidios y gratuidades.
No faltan, de igual forma, aquellos que reclaman mayores penalizaciones pues, luego de que se retira el inspector que puso una multa de 8.000 pesos, «ya el vendedor tiene adulterados los precios de nuevo». Por ello, uno de ellos propone una sanción más drástica, como la separación por cuatro años del trabajo o definitivamente.
Pero el problema debe ser tratado desde la raíz, pues «si el Estado tuviera la oferta para la demanda entonces esto no sucedería», y piden que las autoridades no se excusen tanto con el embargo de Estados Unidos porque «muchas veces el bloqueo interno es mayor y peor».
