Muchos cubanos residentes en Estados Unidos desde hace varios años aprovechan la ciudadanía cubana para viajar a la isla y atenderse en su Sistema de Salud Pública y comprar medicamentos, los que, a pesar del aumento de los precios consecuente de la Tarea Ordenamiento (implantada a partir de enero del 2021), continúan cotizándose a valores mucho más bajos que en la nación norteamericana.
Tal es el caso de Olga, una cubana de 68 años que reside en Hialeah desde hace varios años tras ser reclamada por dos de sus hijos (los que son ciudadanos estadounidenses). Sus múltiples padecimientos médicos la hacen beneficiaria de una ayuda económica del gobierno norteamericano, la que invierte en viajes a Cuba para recibir atención médica gratuita y suministrarse con los fármacos necesarios para sus tratamientos. Con el dinero que le sobra, apoya económicamente a sus otros hijos y familiares que sí residen en Cuba.
Mercedes realiza una práctica similar, pues vuelve todos los años a la isla (desde que emigró en 2003) para atender su hipotiroidismo, el que constituye una secuela de un tumor que a cada rato reaparece en sus glándulas tiroideas.
Mercedes no tiene que pagar por el tratamiento que recibe en la Covadonga, pero siempre carga con regalitos para las enfermeras y los doctores, en señal de agradecimiento. Le renuevan el tarjetón (documento oficial para la adquisición de medicamentos regulados en las farmacias estatales) y, así, el proceso es muchísimo más barato que en su país de residencia. También adquiere medicamentos regulados de venta liberada que sirven para determinados dolores y para la hipertensión que padece su esposo.
Claro, con la llegada del coronavirus al escenario mundial, las trabas sanitaria y burocráticas les han impedido viajar a Cuba como de costumbre. Algunos aprovecharon la breve apertura del fin de año 2020 en Cuba para venir a atenderse, pero fueron los menos y pasaron por muchos obstáculos debido a los protocolos de enfrentamiento al COVID-19 activos en los hospitales cubanos.
Muchos aseguran que han tenido que sobornar a determinados profesionales y técnicos para lograr o agilizar atenciones médicas en centros de salud cubanos, pues deben concluir las consultas en el breve lapso de tiempo en el que están en Cuba.
Osmany, a punto de emigrar, lleva meses realizándose todos los tratamientos (estéticos en su mayoría) que una vez en su nueva residencia no podrá hacer, porque conoce que serán incosteables, incluso para los que llevan muchos años en ese país.
Con pagos, regalitos y contactos, Osmany se hizo todos los análisis que pudo, se realizó tratamientos estomatológicos y hasta está pensando en extraerse el apéndice, pues no quiere tener sorpresas en su nueva vida.
Juan Carlos, cardiólogo de un hospital de la capital cubana, reconoce que ha atendido en los últimos años a muchísimos cubanos emigrados, y que esto podría llevar a un colapso de un sistema de salud que ya ha entrado en crisis por falta de recursos, de especialistas y por la llegada del COVID-19.
Juan Carlos opina que puede atender a varios de estos casos en una sola jornada, pues los traen enfermeras, recepcionistas, amigos, vecinos u otros colegas, y él termina tratándolos porque él hace lo mismo si lo necesita. Confiesa que no cobra por la consulta aunque sabe que otros sí aceptan dinero, regalos o favores. Al fin al cabo, dice, son también cubanos, pero se entiende que el dinero les aproxima un tratamiento preferencial, y consumen recursos correspondientes a los cubanos residentes en la isla.
Con más de treinta años ejerciendo la medicina, Ana María, también admite que el fenómeno está cobrando auge y que puede que incida dañinamente en el sistema de salud cubano. Conoce de personas que residen en el extranjero desde hace más de veinte años y siguen recibiendo atención y tratamiento especializado en Cuba pese a recibir otros beneficios de salud en los países donde residen permanentemente.
Después, comenta, faltan medicamentos en las farmacias nacionales y salen por la aduana bolsas y bolsas de estos productos, provocando un déficit en la atención que se le da a los residentes.
Preocupa, en primer lugar, que no existan estudios sobre el asunto que soporten el análisis de las dimensiones de este fenómeno y su impacto en una economía y un sistema de salud al borde del colapso. En segundo lugar, turba que, pese a los intentos por parte del Gobierno, no se haya instaurado un sistema verdaderamente efectivo de control.
