La Calzada de Diez de Octubre constituye una de las avenidas más extensas y antiguas de la capital cubana. Invadida por las aguas albañales, los baches, la pobre iluminación ámbar de las bombillas obsoletas que aún predominan en la ciudad y por constantes derrumbes (a causa del deteriorado estado constructivo de la mayoría de las edificaciones y de las consecuencias que dejó el paso del famoso tornado del 2019), esta calzada constituye un constante peligro para sus residentes, transeúntes y vehículos.
Los organismos e instituciones del Gobierno cubano han abandonado este camino, el que alberga una mayoría de viviendas con avanzado deterioro estructural y donde más del 30% del total de casas están declaradas como inhabitables, según cifras oficiales.
Los vecinos de la zona han asegurado que las quejas reiteradas durante décadas al Gobierno han sido rotundamente obviadas.
Algunos residentes alegan haber perdido el temor por alzar su voz y exponer su situación sin importar las consecuencias, en un país donde la libertad de expresión se encuentra severamente limitada y castigada.
El Gobierno, sin embargo, sí se encarga de multar a los residentes de las viviendas cuyos portales presentan riesgo de colapso y cuyos techos pueden aplastar a algún transeúnte en cualquier momento, cuando es él el que debería solucionar el problema.
Pese a que ninguno de los funcionarios invitados a opinar sobre el asunto decidió declarar, se conoce que únicamente se tomó la medida de imponer multas a aquellos que se nieguen a demoler los techos, labor cuyos costes deben ser asumidos por los habitantes de la vivienda, cuenten o no con los vastos recursos que se requieren.
El líder de una brigada de albañilería privada, Ricardo Peláez, comenta que los ciudadanos no pueden contratar servicios de demolición a empresas estatales porque no existen. La tarea es ardua y costosa, pues implica cortes correctos a la vigas de acero, establecimiento de andamios, el traslado de escombros por ubicarse en plena vía pública, y realizar el trabajo de noche porque pueden imponer multas si se hacen de día. Además, es imposible que puedan permitirse los servicios de un albañil, porque la mayoría de los habitantes de la zona no tienen dinero para eso.
Las «soluciones» no son realmente efectivas cuando se tiene en cuenta que el pago de la restauración, caserones antiguos construidos en el siglo XX, puede superar los 100 mil CUP, número que ni con 10 créditos bancarios se puede suplir, al menos no trabajando para el sector estatal, aunque el Gobierno se exculpe con la entrega de créditos de la banca nacional.
Por el momento, no hay un plan reconstructivo para la calzada de Diez de Octubre, por lo que se prevé estallidos de protestas, pues el Gobierno solo pretende atender “las prioridades dentro de las prioridades”, sobre todo en medio de la situación precaria como la que atraviesa el país en esta época.
