Un grupo de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) impuso multas de hasta 8.000 CUP a las panadería de La Habana que infringieron el Decreto 30 del 2021 sobre las «contravenciones personales por violaciones de la política de precios y tarifas».
El jefe de este grupo, Denis Bocourt Valdagí, informó que las principales violaciones que identificaron fueron las referentes al peso de norma de los productos ofertados.
El funcionario aseguró que los panes carecían de la calidad requerida en cuanto a textura, consistencia y peso, y aún así se pretendían vender, por lo que se les aplicaron sanciones de 8.000 a 10.000 CUP en multa por el Decreto 30, Artículo 7, inciso B.
Los inspectores también alegaron que divisaron a un hombre que salía de una de esas entidades con lo que parecía ser un cubo lleno de harina en cuanto ellos llegaban a la zona de elaboración, y este se logró dar a la fuga.
Pese a que solo se podían vender 500 unidades, se contabilizaron 1.260 panes de 100 gramos listos, lo que implicó una posible venta ilícita.
Las administraciones y los contadores fueron los titulares de las sanciones.
La nota oficial expuso que el local violaba los Decretos 30 y el 31; este último que establece las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento del coronavirus, dado que tenían «colillas de cigarro en las esquinas, vertederos, además la cola no respetaba el distanciamiento físico y la entrada de los trabajadores no tenía los pasos podálicos», según Bocourt Valdagí.
El mismo recalcó que las violaciones fundamentales que se han descubierto han sido la venta especulativa en el sector privado, especialmente bodegas, supermercados y cafeterías, así como infracciones en los precios de algunos servicios como parqueos estatales y barberías.
El funcionario agregó que a la violación de no especificar un producto en la pizarra, para luego ofrecerlo a los clientes que preguntan en precios superiores, se le están aplicando multas severas de 5.000 hasta 8.000 pesos.
La directora de Inspección del Ministerio de Finanzas y Precios, María Josefa Pérez Machado, aseguró que «se han aplicado 33.229 medidas sobre todo vinculadas a multas y decomisos en el sector estatal», y en el sector privado «se han detectado 33.722 violaciones, por lo que se han aplicado 36.357 medidas».
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