No ha sido para nadie un secreto que la población cubana no ha estado demasiado contenta con la implementación de la Tarea Ordenamiento, pero fue el medio oficialista Cubadebate mediante una encuesta el que confirmó los criterios de los cubanos al respecto.
La gran reforma económica general cubana produjo, entre muchas otras cosas, la considerable subida de todos (o casi todos) los precios en el país, además de los salarios y pensiones.
Con la tabulación de las primeras 5 preguntas de la encuesta ya fue suficiente para confirmar que los cubanos han manifestado un rechazo casi total al proceso de reordenamiento monetario, y sus testimonios convergen en el criterio de que la reforma ha traído más problemas que soluciones.
La página web del medio muestra los resultados de los cuestionarios, los que, contradiciendo el final que Cubadebate esperaba, fueron negativos en su mayoría, reflejando la crítica situación económica que vive Cuba desde hace más de un año.
A la primera pregunta de “¿Pudo satisfacer sus necesidades con el nuevo salario?”, el 65% de los participantes respondió de forma negativa. Otro 30% aseguró que sí lo ha podido lograr, pero de forma parcial.
Solo un 5% respondió en la encuesta que sí han podido satisfacer de manera total sus necesidades con su nuevo salario.
Entretanto, la segunda interrogante profundizó en el asunto de la subida de precios, ya que reflexiona sobre cuán palpable ha sido para la población el aumento «desmedido» de los precios de productos y servicios, a lo que un 75% respondió afirmativamente, mientras que solo un 1% coincide en que se «corresponde» con la reforma salarial.
El medio también puso bajo la lupa si el proceso de ordenamiento monetario y sus procesos y fenómenos consecuentes han desencadenado, en efecto, una mejora evidenciable en la calidad de los servicios y productos. El 91% de los encuestados respondieron negativamente; un 9% no fue concluyente, alegando que «algunos» han presentado mejorías; y no hubo respuesta afirmativa para la generalidad.
La cuarta pregunta se refirió a si, con los nuevos salarios, pensiones o jubilaciones, las personas logran adquirir servicios y productos de primera necesidad, un 41 % respondió que no, mientras un 46 % puede permitirse solo una parte de ellos y un 13 % la totalidad.
Finalmente, el medio interrogó sobre los gastos que asumen los habitantes, a lo que el 49% contestó que en comida; el 25%, en servicios como gas, electricidad y agua; el 6%, en transporte; el 2 %, en otros productos y servicios; y 0% de las personas respondieron que gastan su ingresos en ocio.
No obstante, el 76 % de los encuestados opinaron que la Tarea Ordenamiento era «necesaria para la economía» de Cuba, que atraviesa una profunda crisis agudizada por la pandemia de la COVID-19 que, entre otras cosas, ha diezmado el turismo.
Esto, unido a graves ineficiencias estructurales, un endémico déficit de balanza de pagos y la crisis en Venezuela, principal aliado comercial y político de La Habana, ha provocado una situación crítica de desabastecimiento que se traduce desde el año pasado en estanterías vacías en los comercios y largas colas para adquirir cualquier producto básico o no básico.
En esta coyuntura, Cuba aumentó desde el 1 de enero en un promedio del 490 % los salarios del sector estatal, que hasta entonces apenas rozaban los 50 dólares mensuales en promedio.
En paralelo se dispararon los precios. Entre los bienes básicos «normados», que hasta ahora el Estado vendía a precios simbólicos y de forma limitada a través de una cartilla de racionamiento, el arroz se multiplicó por 11, el pan por 20, los frijoles por 12, la bombona de gas por 25 y la electricidad casi por cuatro.
Otro pilar básico de la estrategia del Gobierno fue la recién aplicada unificación monetaria, con la consiguiente desaparición del antiguo peso convertible o CUC y la consolidación de dos medios de pago: el peso cubano (CUP) y el dólar con un cambio oficial de 24 a 1, si bien en el mercado negro el billete estadounidense se paga a hasta 50 CUP.
