El Gobierno cubano lleva a cabo una exhaustiva campaña de hostigamiento para controlar el incremento de precios en el sector privado como consecuencia de la implementación de la Tarea Ordenamiento, aplicando fuertes sanciones a los que incumplen con los precios minoristas máximos estipulados, pero obvia regular sus propios comercios y entidades, los que también han contribuido a que el poder adquisitivo de la población cubana haya disminuido significativamente en los últimos meses.
La carnicería especializada en venta de productos de ganado menor en Las Tunas es una de las que cumple con estas características, cuya carne de ovejo es dispensada a 280 CUP el kilogramo (más de 11 dólares al cambio oficial).
Su clientela no ha sido la única en criticar estas prácticas, sino también la prensa oficialista de la provincia oriental. El portal Tiempo21 (sitio web de la emisora Radio Victoria) declaró que no era justo ni coherente con el discurso gubernamental que este establecimiento venda alimentos de primera necesidad a estas cuantías cuando resultan precios abusivos y especulativos, los mismos que la administración intenta enfrentar.
Un tunero que andaba «cazando» algo que sirviera como plato fuerte, Bernardo Ochoa, aseguró que esas tarifas sí eran abusivas, y que se sorprendió al saber que esa tienda era estatal, pues ostentaba carnes olvidadas por el paladar cubano, como el ovejo y el conejo.
Sobre el tema, el carnicero del local, Nelson Enrique González, aclaró que, en los tres años que lleva trabajando allí, son tres precios los que ha predominado en la oferta de la carne de ovejo: al principio se vendía la libra a 24,95 CUP, que luego subió a 43,24 CUP por la redistribución de la materia prima destinada al turismo con el cierre de los hoteles debido a la pandemia, y que volvió a aumentar a 128,94 CUP a raíz del ordenamiento económico.
El aumento de precios que ha experimentado el punto de venta estatal ha sido desproporcionado, y hasta viola el decreto 30 del propio Consejo de Ministros, el cual es una herramienta del Estado para contrarrestar los precios abusivos, «“aquellos cuyo crecimiento esté por encima de un rango razonable en comparación con productos similares».
Al parecer, el instrumento solo se concibió para aplicarse a los incrementos de precios a los que se ha visto obligado a recurrir el sector privado, razón por la cual sobran las multas a trabajadores por cuenta propia en las últimas semanas, pero de los costos elevados de los establecimiento del Estado no se habla y, mucho menos, se sancionan.
