En la provincia de Holguín, las autoridades han cobrado 374.000 CUP en multas a trabajadores del sector privado desde el día 1ro de febrero, todas impuestas por infracciones de los precios máximos estipulados por el Gobierno nacional para tratar de controlar la inflación generada por la puesta en práctica de la Tarea Ordenamiento.
El Decreto Ley 30 es el que recoge las elevadísimas penalizaciones de hasta 15.000 CUP por este tipo de violaciones. Los inspectores de la provincia han aplicado desde la fecha mencionada alrededor de 70 multas por irregularidades en los precios de productos alimenticios.
La directora provincial de la Dirección Integral de Supervisión, Dionisia Milagros Portelles, explicó que las infracciones más comunes se concentran en las alteraciones de tarifas en la comercialización de carnes y de productos agrícolas.
Banes, Calixto García y la ciudad cabecera del territorio fueron los municipios con mayor cantidad de sanciones impuestas por este tipo de incumplimientos. Y las multas no fueron el único tipo de sanción aplicada, sino también decomisos y “ventas forzosas” de productos, potestad otorgada a los funcionarios por el Decreto Ley 370. El fin es garantizar el acatamiento correcto y estricto de las medidas establecidas por el Gobierno.
Los cuerpos facultados para imponer estas sanciones son la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Inspección Sanitaria Estatal (ISE), la Dirección Estatal de Comercio (DEC) y la Unidad Estatal del Transporte (UET). Un cuentapropista puede acabar con una multa gracias a denunciadas de la población o a inspecciones sorpresa realizadas a su punto de venta.
Las autoridades cubanas han tratado de contrarrestar la inflación provocada por el proceso de unificación monetaria y la consecuente devaluación del peso cubano con medidas radicales, culpando en el proceso a los trabajadores por cuenta propia de las malas decisiones gubernamentales.
El estricto control a los vendedores privados viene siendo un fenómeno palpable en todo el país. Se han impuesto más de 250 multas por valor de entre 5000 y 8000 por contravenciones de precios, solo en la capital.
Nada ni nadie se vieron exentos de estas sanciones: vendedores tanto de productos como de servicios han tenido que responder ante la ley por sus «irregularidades», como pasó en un barbería del Vedado, a cuyos trabajadores multaron por más de 8000 CUP debido a que el precio del pelado estaba a 50 CUP en vez de a los 25 establecidos por el Estado.
También fue el caso de una panadería en Pinar del Río, multada por un monto casi equivalente por vender pan con un peso por debajo al instaurado.
