Santiago de Cuba, territorio inmerso en un descontrol sanitario de gran escala por la pandemia de coronavirus, fue escenario de las severas sanciones aplicadas por la Fiscalía provincial a los responsables de los centros para cuidados de personas más vulnerables, como ancianos y niños, los que debían acatar con mayor rigurosidad y compromiso los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno Provincial para aplacar la grave situación epidemiológica en la que se hallan.
Los funcionarios públicos encargados de la dirección de los 13 hogares de ancianos, las 20 casas de abuelos y los centros de protección para niños sin amparo filial, pacientes psiquiátricos e indigentes, fueron los penados, según declaraciones de la fiscal jefa del territorio, Maritza Paredes Vera.
Las infracciones contemplaban severos temas de insalubridad, hacinamiento, problemas con la alimentación y negligencias en el correcto cumplimiento con las medidas sanitarias dictadas.
La Fiscalía se encargó de investigar y evaluar la adecuada implementación de la contención del virus y encontró serios motivos de sanción en todos los hogares de ancianos, en el Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín y en el centro de atención a personas con conducta deambulante de El Viso.
Paredes Vera enumeró una serie de violaciones que fueron comunes en todos los centros, como los problemas de higiene de los locales, la manipulación de alimentos, el incorrecto uso de la mascarilla protectora, el hacinamiento (cuando la protección contra el virus requiere distanciamiento social) y demoras en la realización y entrega de resultados de exámenes PCR.
Los responsables de estas infracciones fueron duramente multados y otras medidas disciplinarias fueron impuestas bajo la disposición de la ley.
Focos de transmisión de la enfermedad fueron detectados en el Centro América Labadí Arce y en el hogar de ancianos homónimo, donde residen personas en situación de discapacidad y con enfermedades psiquiátricas. Se desconoce si alguna ha fallecido a causa del virus.
Mientras estas graves infracciones de la ley (que perjudicaron la salud de personas altamente vulnerables) fueron únicamente multadas, las sanciones impuestas a particulares por asuntos mucho más frívolos son severamente castigadas, lo que marca la diferencia entre la «justicia» aplicada al Estado y a la población.
El periódico oficial del territorio, Sierra Maestra, informó que se habían procesado a unas 1.022 personas en la provincia hasta el cierre de octubre por acaparamiento, desobediencia, propagación de epidemias y actividad económica ilícita. Estas se contemplan dentro de 888 procesos penales contra coleros, revendedores e infractores de protocolos sanitarios contra el coronavirus.
Según el testimonio de un alguacil del Tribunal Provincial, esas cifras se han multiplicado desde la fecha. Se han tramitado, desde entonces, más de 500 expedientes de trabajo correccional sin internamiento (entre multas, contravenciones y limitaciones de libertad), solo por violar protocolos de prevención contra la COVID-19.
Poco más de 200 de esos casos se dieron en los dos primeros meses de 2021, y no tiene capacidad de pago entre el 70 y el 80% de los penalizados, por lo que les tomará más de un año liquidar la muta, según el criterio de varios abogados consultados sobre el tema.
Lamentablemente, las indisciplinas sociales y sanitarias existirán mientras continúe el profundo desabastecimiento general, los precios abusivos, el hambre, la corrupción y las aglomeraciones para comprar.
La situación económica y epidemiológica cubana afecta sobre todo a los 32.000 ancianos que viven solos y a los indigentes. Evidencias provistas por medios de prensa alternativos han demostrado el descontrol sanitario que Santiago de Cuba está experimentando y muchas deficiencias y negligencias que desacreditan la veracidad y la transparencia de los reportes y las cifras oficiales que ofrece el Gobierno sobre la pandemia en el territorio.
