Alina López Miyares, una profesora cubanoamericana que cumple sentencia en La Habana por acusada de espionaje por el Gobierno cubano, dirigió una solicitud de auxilio desesperada al nuevo Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que la ayude a volver a su hogar.
El mensaje se dio durante la más reciente comunicación telefónica entre López Miyares y su abogado, Jason Poblete. Ella reiteró en varias ocasiones que sufre de graves problemas de salud y que en el centro penitenciario en el que se encuentra, al sur de la capital cubana, no tiene acceso a la alimentación necesaria para el tratamiento.
La mujer de 62 años de edad, recluida en la “Ceiba 4” (Caimito, provincia de Artemisa), insistió en que si no recibe una alimentación adecuada de inmediato por su dolencia renal crónica, pronto necesitará diálisis.
López Miyares repitió que ella era inocente y que solo quería volver a su casa. La mujer, quien emigró con su familia desde Cuba en 1969, se repatrió a Cuba para vivir con su esposo y fue condenada a 13 años de cárcel por el presunto delito de espionaje en 2017
Fue detenida en su arribo al aeropuerto de La Habana y sentenciada bajo cargos de espionaje por el Tribunal Militar de La Habana en ese mismo año.
Hasta el momento de su arresto, López Miyares ejercía como profesora en una escuela de Miami y se repatrió para poder estar junto a su esposo Félix Martín Milanés Fajardo, exdiplomático cubano y también condenado a 17 años de prisión en el mismo caso, pues la contrainteligencia cubana llevó a cabo una investigación en la que se concluyó que ambos habían proporcionado «información confidencial y con carácter amenazante para la seguridad nacional».
Poblete alegó que su clienta precisa de auxilio urgente por parte del presidente Biden, de la representante María Elvira Salazar y de los senadores Marco Rubio y Rick Scott, los tres congresistas republicanos por Florida.
Poblete declaró que bajo la Ley Levinson firmada por Donald Trump en 2020, la que obliga a los Estados Unidos a tomar responsabilidad en casos de recuperación de rehenes, la administración norteamericana tiene el deber de ayudar a esta mujer injustamente encarcelada por casi 4 años. Señaló que la liberación de Alina debe ser la prioridad y el primer paso para dar inicio a las conversaciones.
Las gestiones que Poblete ha llevado a cabo desde el 2017 con el Departamento de Estado, líderes del Congreso y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) no han sido exitosas.
El gobierno cubano le ha negado todas las solicitudes de ayuda consular a Alina, puesto que no se reconoce ante la ley su nacionalidad estadounidense porque nació en la isla.
El Departamento de Estado ha declarado anteriormente que la atención de su caso es permanente, y el ahora nuevo Secretario de Estado, Antony Blinken, manifestó el 2 de febrero que la resolución de casos como el de Alina (estadounidenses detenidos en el exterior) es prioridad para la Administración Biden-Harris, de acuerdo con la correcta ejecución de la Ley Levinson.
La avanzada edad (93 años) y las múltiples complicaciones de salud de Alina Miyares, madre de la reclusa, quien vive sola en Miami Beach y no tiene a nadie en quien recaer, también han sido aspectos tomados en consideración para la solicitud de liberación de López Miyares.
Miyares viajó en varias ocasiones a La Habana para ver a su hija, pero no ha podido continuar debido a la crisis de la pandemia de coronavirus.
Esta publicó en noviembre una carta que había dirigido a personalidades políticas y cívicas de su país para que intercedieran en el caso. Miyares, quien no tiene fuerzas para seguir sufriendo, solo desea abrazar a su única hija antes de morir.
Ella era la que se encargaba de enviar a Cuba el capital y los medicamentos que su hija necesitaba para la hipertensión y demás padecimientos, pero continuar con los suministros no sido posible desde la llegada de la pandemia.
